Los agricultores y ganaderos, más cerca de lograr precios justos y acabar con los abusos

El Consejo de Ministros presentó el martes el anteproyecto de ley que modifica la Ley de Cadena Alimentaria

Desde UPA Andalucía consideran que el avance hacia la aprobación de la reforma la Ley de la Cadena Alimentaria, la aplicación del artículo 167 bis que permite la regulación del aceite de oliva, y la revisión de los tratados comerciales que la UE tiene con terceros países, son instrumentos indispensables que es necesario aplicar en cuanto sea posible para proteger al sector productor, corregir la falta de precios justos en origen, y acabar con las desigualdades y la especulación.

Partiendo de la propuesta del Ministerio de Agricultura, el Consejo de Ministros presentó el martes el anteproyecto de ley que modifica la Ley de Cadena Alimentaria, con el fin de avanzar en los pasos hacia un mayor equilibrio en las relaciones entre los distintos eslabones agroalimentarios. La modificación amplía la lista negra de prácticas desleales, también de las infracciones que son objeto de sanción, y recoge otras medidas encaminadas a corregir los desequilibrios de precios que se producen a lo largo de la cadena, y que perjudican especialmente a los agricultores y ganaderos.

Para evitar las prácticas comerciales desleales en el sector agroalimentario, la revisión de la ley de 2013 se completará con la Directiva comunitaria que implementa medidas de mayor calado que no estaban recogidas en la legislación española. Se espera que esto suponga un gran avance para luchar contra dichas prácticas. A partir de ahora, todas las operaciones comerciales que superen los 2.500 euros estarán obligadas a formalizar contratos por escrito. Además, se protegerá a los operadores nacionales en las relaciones comerciales internacionales, lo que significa que los productos importados tendrán que atenerse a las prácticas comerciales contempladas en nuestra Ley de Cadena. Así mismo, la protección contra prácticas desleales se aplicará siempre que alguno de los operadores implicados en una relación comercial esté establecido en la UE.

En lo que respecta a las infracciones sancionables, quedan recogidas todas las que ya incluía la Ley de 2013, y se incorporan otras nuevas. Entre las leves podemos destacar que pasa a ser sancionable la cancelación de un pedido de productos perecederos en los 30 días previos a la entrega, así como la devolución al proveedor, por parte del comprador, de productos agrícolas y alimentarios no vendidos. Será infracción grave que un operador no suministre la información que le sea requerida por parte de la autoridad competente, o hacerlo de forma engañosa. También será gravemente sancionado que no se presente el contrato alimentario en el momento de la inspección, y la obstrucción a los inspectores. La AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) será la encargada de establecer y desarrollar el régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley.

En cuanto a los trámites a los que el anteproyecto ha de seguir sometiéndose, será objeto de informe por parte de las Comunidades Autónomas, el sector y la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado. Posteriormente, su texto se remitirá al Consejo de Ministros para ser aprobado en otoño, lo que coincide con el inicio de la campaña de olivar. Por tanto, desde UPA Andalucía consideran que sería muy importante y positivo que los olivareros puedan beneficiarse desde este mismo año de la aprobación definitiva y aplicación efectiva de la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria. Sería el instrumento útil y necesario para corregir la falta de precios justos en origen que el sector lleva ya arrastrando dos campañas, y para acabar con los movimientos especulativos y las prácticas abusivas. No obstante, es preciso recordar que la reforma del marco legal está aprobada desde febrero, y que los operadores están obligados a su cumplimiento, aunque aún esté sujeta a modificaciones.

Por otra parte, sin dejar de lado el sector del aceite de oliva, desde la organización agraria reivindican la necesidad de que se aplique, desde el inicio de esta campaña, el nuevo artículo 167 bis del Reglamento (UE) 1308/2013 de lo OCM que permite la autorregulación. Con su entrada en vigor, el sector oleícola tendrá la posibilidad de retirar parte de la producción cuando sea necesario regular la oferta y la demanda, tal y como ya se está haciendo con el sector vitivinícola.

Otro asunto en el que es indispensable avanzar para que los agricultores y ganaderos puedan estar más cerca de lograr unos precios justos para sus producciones, es en la revisión de los tratados comerciales que la Unión Europea mantiene con terceros países. Resulta absolutamente necesario que se proceda a ejercer un mayor control en nuestras fronteras y sobre nuestras importaciones, controlando que no entren contingentes mayores a los permitidos, así como evitando fraudes con la trazabilidad y la calidad. También es fundamental defender en Bruselas el principio de preferencia comunitaria, es decir, que las producciones europeas estén en primer lugar, frente a las importaciones, de modo que se proteja a nuestro sector productor. Por otro lado, y no menos importante, es que los productos agroalimentarios que entran en el marco europeo cumplan con el principio de reciprocidad; esto es, se les obligue a estar producidos bajo los mismos requisitos medioambientales, de seguridad alimentaria y de condiciones laborales que la UE exige a los productores europeos.

 

 

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