Igualdad crea varios grupos de trabajo para la adaptación a la nueva normativa que afectará a las Fundaciones Tutelares

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha mantenido esta semana una reunión con las Fundaciones Tutelares

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha mantenido esta semana una reunión con las Fundaciones Tutelares en cuyo Patronato participa, con la finalidad de crear varios grupos de trabajo para actualizarlas a la nueva realidad que se presenta tras la aprobación el pasado 7 de julio, en Consejo de Ministros, del Anteproyecto de Ley de Modificación del Código Civil.

De esta manera, Andalucía se adelanta al enorme impacto que va a tener dicho anteproyecto en la organización y funcionamiento de las fundaciones tutelares. Éstas son entidades sin ánimo de lucro, bajo la forma jurídica de Fundación, que tienen por objeto la protección y defensa de las personas adultas o cuya capacidad de obrar se ha visto modificada, total o parcialmente, por resolución judicial, ya sean personas con discapacidad intelectual, personas con enfermedad mental o personas mayores con demencia. Las entidades tutelares ejercen y asumen las funciones de tutela, curatela o defensa judicial que le hayan sido encomendadas por resolución judicial.

Así, un grupo se centrará en los retos del sector, ya que esta reforma pretende la eliminación de algunas figuras como la tutela para sustituirla por la curatela, más próxima al sistema de promoción de la autonomía de las personas con discapacidad y que propugna la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU.

Otro grupo, estudiará la necesaria interrelación y colaboración tanto del sistema judicial, a quien compete modificar la capacidad de obrar, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA), por cuanto corresponde asignar y localizar los recursos para las personas que se encuentran, en muchos casos, en situación de desamparo; como de los Servicios Sociales Comunitarios, para que pueda haber la coordinación que una respuesta integrada requiere.

Por otra parte, se debatirá el incremento de los casos que se ha dado en los últimos años cuando se aprecian situaciones de difícil clasificación al tratarse, en ocasiones, de personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y adicción a sustancias tóxicas.

La última de las cuestiones abordadas en la reunión ha tenido que ver con la necesidad de mejora de los recursos con los que cuentan estas entidades en aras a mejorar el servicio que prestan. Actualmente, la financiación por parte de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación se articula a través de subvenciones nominativas que tienen su reflejo en la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Un total de 1.637 personas tuteladas en Andalucía

En las ocho Fundaciones Tutelares en cuyo Patronato participa la Consejería de Igualdad hay 1.637 personas tuteladas. De ellas, la mayoría, bajo la figura de la Tutela (1.433) y el resto (204) bajo la de la Curatela. La mayoría son hombres (944) y el resto (693) son mujeres.

Aproximadamente, el 42,7% tiene como causa de la incapacitación una enfermedad mental, el 33,6% una discapacidad intelectual y un 23,6% se debe a alguna demencia senil. La mayoría (un 75%) está alojada en centros residenciales; y el 25% restante permanece en sus casas.

En la totalidad de las entidades tutelares existentes en Andalucía, la cifra de personas tuteladas asciende a 2.290. De éstas, 2.035 bajo la figura de Tutela (1.158 hombres y 877 mujeres) y 255 bajo la de Curatela (169 hombres y 86 mujeres).

La Consejería de Igualdad viene jugando un papel decisivo para garantizar la protección de las personas más vulnerables, en este caso, personas con una limitación de sus posibilidades de autogobierno y que no cuentan con un entorno familiar que les preste los apoyos necesarios. El impulso del sector público y la participación de los agentes implicados, han construido un modelo en nuestra comunidad autónoma que se viene mostrando efectivo para asegurar la atención específica y compleja que requieren estas personas, a través de una estructura profesional que se articula con los servicios sanitarios y sociales.

Un modelo, igualmente eficiente, al permitir la cooperación entre las administraciones públicas implicadas y distintas organizaciones sociales y asociaciones; además de contar la Consejería con un mecanismo más ágil y efectivo de financiación a estas entidades.

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