Opinión



El Gobierno sigue sin regular un procedimiento para pagar a plazos los recibos pendientes y evitar cortes

FACUA lleva meses pidiendo esta medida

El Ejecutivo no ha cumplido el anuncio de la ministra de Hacienda de mantener la prohibición de cortes a los consumidores vulnerables, que ahora sólo existe para la luz

FACUA critica que el Gobierno siga sin regular un procedimiento para pagar a plazos los recibos pendientes de agua, luz y gas que hubieran podido acumularse durante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y no haya cumplido el anuncio de la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, de mantener la prohibición de cortes a los consumidores vulnerables, que sólo existe actualmente para la luz.

La asociación advierte de que se trata de una medida que lleva reclamando meses y cuya necesidad ha trasladado en diversas ocasiones al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y al ministro de Consumo, Alberto Garzón.

FACUA insiste en que van a ser muchas las familias con graves problemas económicos las que tras finalizar la prohibición del corte de suministros el pasado 30 de septiembre se encuentren ante la incapacidad económica de afrontar el pago de varias facturas acumuladas y sin un respaldo jurídico que les permita flexibilizar y facilitar el abono de los importes adeudados.

Así, la asociación recuerda que durante el estado de alarma y meses después, la circulación de las personas se ha visto reducida y la permanencia en sus viviendas ha incrementado los consumos domésticos y el importe de las facturas de sus servicios. La consiguiente acumulación de estas cantidades puede dar lugar a una situación de gravedad, con una repercusión aún mayor para aquellos consumidores especialmente vulnerables.

Extensión de la prohibición de cortes a familias vulnerables

FACUA critica igualmente que el Gobierno no haya cumplido el anuncio de Montero de extender la prohibición del corte de suministros a las familias y colectivos especialmente vulnerables. La portavoz del Ejecutivo indicó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del pasado 29 de septiembre que “se mantiene en esta legislación la prohibición de cortar el suministro a los colectivos vulnerables“.

Sin embargo, una vez finalizada la prohibición de cortes durante el estado de alarma establecida por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 -que se prorrogó hasta el 30 de septiembre- no se ha incluido en ninguna normativa aprobada posteriormente la extensión de dicha prohibición.

Tras el 30 de septiembre, el único suministro doméstico donde existe una prohibición de cortes para determinados consumidores es la luz, sector donde con anterioridad al estado de alarma ya había una regulación en este sentido, el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

El artículo 20 de la citada normativa indica que no podrá suspenderse el suministro de electricidad a los consumidores vulnerables severos “cuando la administración autonómica o local cuyos servicios sociales estén atendiendo al consumidor asuma al menos el 50 por ciento del importe de su factura” -los llamados consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social-.

Además, tampoco podrán realizarse cortes a aquellos consumidores con bono social siempre y cuando “haya al menos un menor de 16 años, o cuando el consumidor beneficiario del bono social o alguno de los miembros de la unidad familiar a la que pertenezca se encuentre en situación de dependencia reconocida de grado II o III, o tenga una discapacidad reconocida igual o superior al 33%“.

FACUA, por tanto, considera urgente que el Gobierno realice las modificaciones normativas que sean necesarias para garantizar que la prohibición de cortes se haga extensible también a los suministros de agua y gas y se aplique a consumidores con determinadas situaciones de vulnerabilidad económica, sin necesidad de requisitos adicionales que reducen el número de usuarios que pueden beneficiarse.

 

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