Opinión



Con el paso cambiado

Lorenzo Jiménez Márquez.

LORENZO JIMÉNEZ MÁRQUEZ

 

Nadie duda de que la crisis actual que padecemos, con motivo de la pandemia, tendrá una repercusión en la economía mundial sin precedentes, ya que nunca ha habido otra que tenga las características de la actual.

Se trata de una crisis sanitaria que ha desembocado rápidamente en la paralización de la actividad económica con el consiguiente descenso del PIB y el aumento del desempleo. Sin embargo, estas características, que parecen comunes en casi todas las naciones de nuestro entorno, se manifiestan de diferentes formas en unos países y en otros. Eso es debido principalmente a las limitaciones de los servicios sanitarios, al apoyo personal de cada Estado y los efectos de las políticas adoptadas por cada Gobierno.

El 12 de agosto de 2020, eleconomista.es publicaba un artículo en el que se leía: «La pandemia del coronavirus ha sacudido con fuerza todas las economías del mundo. Pero unas han aguantado mejor el revés que otras. Y la española es por ahora la mayor perdedora de la crisis. Así lo creen los expertos de la consultora Oxford Economics, que recopilan en uno de sus últimos informes la combinación de factores sanitarios y económicos detrás de esta situación».

De forma parecida se expresaba Daniel Rodríguez Asensio, economista y presidente de Acción Liberal.  Él escribe en su artículo del 24 de octubre de 2020 en libremercado: «Somos el país, tras Perú y Venezuela, que mayor impacto va a recibir del mundo, la tasa de paro va a superar el 20% ya en 2020 y la deuda pública se situará en niveles de dudosa sostenibilidad (120%)».

Hay una anécdota en la que una madre asiste a la jura de bandera de su hijo tras incorporarse al Ejercito, cuando el servicio militar era obligatorio. La mujer muy emocionada y llena de satisfacción comentaba a su marido: «Fíjate es extraordinario, 2000 soldados con el paso cambiado y nuestro hijo es el único que lo lleva bien».

Esto viene a colación porque Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han presentado recientemente los Presupuestos Generales del Estado. En ellos se observa un aumento del gasto de más del 20% sobre el año anterior, en el que aumenta el mismo en todas las partidas, algunas tan significativas como que el Gobierno se sube el sueldo un 0,9% y 100 millones que se gastará en renovar 5.794 coches oficiales. Pero este incremento de gasto lleva como contrapartida una subida de impuestos. Hay que tener en cuenta que los PGE se consideran la ley más importante que un Gobierno promulga en un año y determinan su política en la mayor parte de los ámbitos, además de ser la base sobre la que se moverá la economía del Estado en ese año.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en su comparecencia en el Congreso, criticó las cuentas del Gobierno para el año próximo y puso el foco en el aumento de gasto en partidas no prioritarias que incrementarán el déficit público. Además, considera que los objetivos del plan presupuestario serán difícilmente alcanzables.

Parece que el gobierno antepone sus postulados ideológicos sobre cualquier manual de economía.  Un incremento de impuestos con una crisis como la que estamos viviendo es contraproducente. Creo que subir los impuestos, sobre todo a las empresas, restará competitividad, ralentizará el empleo y fomentará la economía sumergida. Hay que recordar que la economía sumergida representa casi un 20% de la riqueza del país. Y que el aumento de este tipo de actividades supondrá una reducción de la recaudación impositiva. También, y no por ello menos importante, crea un circulo vicioso en el que cuanto mayor sean los negocios en negro, en pérdidas, más economía sumergida se genera por culpa de la competencia desleal.

Además, creo que una subida de impuestos en estos momentos es más que cuestionable. Se recorta la renta disponible de los ciudadanos, y con ello la capacidad de consumo. No podemos olvidar que este es uno de los elementos dinamizadores del crecimiento económico.

Parece que los países europeos son como los soldados que van desfilando, están acometiendo una bajada de impuestos, mientras que en España pretendemos subirlos. En Alemania se reduce el IVA, aumentan las desgravaciones por hijos. Francia se ha comprometido a una reducción de impuestos sobre la producción durante 2020 y 2021. En Italia se exime del pago de los impuestos locales a empresas, y se articulan mecanismos para diferir su factura fiscal, especialmente el IVA. En Reino Unido también se ha aprobado una reducción temporal de IVA del 20 al 5% para alimentos, bebidas no alcohólicas y hoteles.

Portugal, que fue rescatado y está gobernado por los socialistas, ha eliminado los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades a la hostelería y la restauración y ha reducido a la mitad los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades a empresas que han experimentado un descenso en la facturación. En una situación similar se encuentra Grecia, otro país rescatado, que también ha arbitrado un sistema de moratoria del pago de impuestos. Otros como Holanda, Austria o Bélgica igualmente aplican mayores desgravaciones o reducciones de impuestos. Todos estos países de nuestro entorno han optado por bajar impuesto con el objetivo de recuperar el crecimiento económico lo más rápidamente posible.

Pero llevan el paso cambiado. España es el único país que sube los impuestos en lugar de bajarlos. Las familias y las empresas reducirán sus ingresos no sólo por la recesión, sino por el aumento de la carga fiscal en el peor momento posible. Y si como apunta el propio Banco de España no se cumplen las previsiones de recaudación debido a la debilidad económica, el déficit y la deuda se incrementará aún más.

El problema es que no solo llevamos el paso cambiado en lo económico, también en el judicial. El PSOE y Podemos quieren reformar la Justicia, a pesar de que ya hay una advertencia de las autoridades europeas de que no se pueden cambiar a los vocales del poder judicial según convenga al Ggobierno.

Pero seguimos con el paso cambiado y es que en una democracia la libertad de expresión y de información es un pilar básico y constituye un derecho fundamental que garantiza el intercambio de ideas. Sin embargo, el gobierno ha creado un organismo para vigilar las “noticias falsas”, ya se ha publicado en el BOE dicha orden por la cual el gobierno se reserva la potestad de determinar qué información es errónea y cuál no, sin especificar en qué se basa dicha decisión. Esta idea, según palabras de Vicente Vallés, presentador del Informativo de Antena 3: “Ha levantado la sospecha de que el Gobierno, quizá, pudiera querer controlar a los medios de comunicación”.

Pero no acaba ahí la cosa, porque seguimos con el paso cambiado, sobre todo cuando ves que PSOE, Unidas Podemos y ERC aprueban que el castellano no sea lengua vehicular en la enseñanza. Los juristas ya indican que se está traspasando una línea roja, máxime cuando la Constitución dice lo siguiente en su artículo 3.1: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».

Resulta que la segunda lengua más hablada en el mundo con más 580 millones de hablantes se prohíbe en una parte del Estado español. Algunos miembros de la izquierda como Antonio Miguel Carmona, Cándido Méndez, Lidia Falcón y ex ministros del PSOE han firmado un manifiesto contra el ataque de Sánchez al castellano. Sin duda, querer gobernar cueste lo que cueste y aprobar el proyecto de Presupuestos, debe estar en el centro de dicha decisión.

El problema es que nos estamos acostumbrando a ir con el paso cambiado y es que, desde 2018  Pedro Sánchez ve normal pactar y entenderse con Bildu e incluso es capaz de llegar a acuerdos con aquellos que quieren cargarse España como son los separatistas y nacionalistas. Pero en el tiempo de partido en el que nos encontramos tampoco debe sorprendernos; ha llegado al poder gracias al independentismo, catalán o vasco y, además, en el momento de mayor auge de ambos.  El fin, el poder justifica el medio o cualquier aliado para llegar a un pacto. Parece que Pedro Sánchez con tal de estar en La Moncloa ha dado un giro total y empieza a asumir las tesis ideológicas de Pablo Iglesias que en los últimos meses con motivo de la pandemia ha ganado peso político, hasta el punto de intensificar sus ataques a la Monarquía que como se recoge en la Constitución es el símbolo de la unidad de España.

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Lorenzo Jiménez Márquez es economista

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