UPA-A ratifica su rechazo al decreto de convergencia de la PAC, y explica por qué peligra el modelo productivo familiar

Cultivo de algodón

Hace unos días, el sector agrario andaluz manifestaba su rechazo ante la aprobación, por parte del Gobierno, del Real Decreto de Convergencia por el que se regulan las ayudas de la PAC para las campañas 2021 y 2022. El sector unido se puso en pie al considerar que la norma traerá consigo un periodo transitorio que resultará muy lesivo para el modelo social y profesional de la agricultura en Andalucía. Además, desde el sector dicen que su ratificación se ha llevado a cabo sin tener en cuenta al sector, de manera opaca, y en unas circunstancias adversas marcadas por la pandemia.

“Desde UPA Andalucía, estamos a favor de la convergencia dentro de cada región, pero no en que se aplique de una forma tan brusca y sin limitar las pérdidas, porque pone en riesgo la agricultura productiva, la agricultura familiar ligada al territorio y la ganadería con poca base territorial”.

En los reglamentos de la PAC marcan como objetivo que en 2027 esté completada el 75% de la convergencia. Sin embargo, el Real Decreto recién aprobado ya impone el 70% en 2021 y 80% en 2022 (matizando que se realizará entre las propias regiones agronómicas y no en el conjunto de España). Por tanto, desde el Gobierno central se están dando unos pasos desmedidos hacia esa transición, sin necesidad y sin que haya imposición por parte de la Unión Europea.

“Desde UPA Andalucía, consideramos que las medidas que recoge el decreto pueden alterar gravemente el reparto de los recursos que nos llegan de la PAC”. Además, comentan que no se están teniendo en cuenta las distintas realidades productivas de las comarcas y regiones, ni el impacto que pueden llegar a tener en cuanto a la destrucción de empleo y abandono de la población del medio rural. “Aproximadamente un 59% de los beneficiarios de la PAC van a perder montante global de derechos y un 41% ganará. Todo esto se traduce en que, en regiones homogéneas, el trasvase entre sus agricultores no tiene por qué ser importante, en datos generales, pero si afectará a agricultores concretos, los más productivos de cada región”, indican en UPA.

En el caso de determinadas regiones, con importes muy diferentes, UPA dice que sí habrá grandes movimientos del alor de los derechos. “Hemos identificado algunas, como el caso de las regiones con cultivos herbáceos de regadío, donde podemos encontrarnos con dos grandes grupos de agricultores: por un lado, los que reciben menos importe por tener cultivos con un valor más estandarizado; y por otro, los que tienen un valor alto de sus derechos, porque en el periodo de referencia sembraron cultivos como algodón, remolacha, uva pasa, arroz o tabaco, que soportan elevados costes de producción, empleo y generan mucha industria auxiliar. Normalmente, estos últimos tienen pequeñas y medianas explotaciones que serán las que vean reducida su asignación, a favor de otras explotaciones menos intensivas y normalmente más grandes”.

Otro grupo importante, según UPA, son los ganaderos de ovino, caprino y vacuno. “Durante los años anteriores, las ayudas directas asociadas a los animales en producción se fueron transformando en ayudas desacopladas, ligadas a superficie. Estos ganaderos con superficie de pastos y otros cultivos, incrementaron el valor de sus derechos por superficie con respecto a sus vecinos, porque sus ayudas ganaderas se pasaron a sus derechos por superficie”. “Desde 2015 hasta ahora han ido sufriendo este descenso del valor de sus derechos, limitado al 30 %. Sin embargo, en las campañas 2021 y 2022 esta bajada no tendrá límites, llegando a perder gran parte de sus ayudas que provienen de la actividad ganadera”. Por eso creen que hay ganaderos con pocos derechos porque apenas tenían territorio, que al desacoplar las ayudas tienen importes muy altos, superando los 2.000 € y aseguran en UPA que ahora van a ver muy mermadas sus ayudas, poniendo en riesgo la viabilidad de sus explotaciones. “Mientras tanto, grandes extensiones sin apenas actividad aumentarán su patrimonio”, señalan.

!En las grandes explotaciones, el valor medio de los derechos e importe medio por hectárea es similar, por lo que los trasvases son escasos. En las pequeñas y medianas explotaciones esta circunstancia es diferente, con diferencias notables entre el valor medio del derecho y el importe medio por hectáreas. Por este motivo las pequeñas y medianas explotaciones son las que más van a sufrir este trasvase de fondos entre agricultores de la misma región”, explian en la organización agraria.

Las pequeñas y medianas explotaciones suelen ser las más productivas, porque las trabajan directamente los agricultores, están ligadas al territorio, y son las que generan empleo y mantienen la población en el medio rural. Por tanto, según UPA, una convergencia brusca puede poner en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones de pequeño y mediano tamaño, porque no puedan adaptarse a la nueva situación, que son las mayoritarias en nuestro territorio, y las que mantienen vivo ese medio rural que, supuestamente, quieren proteger desde las administraciones públicas.

“Cuando el ministro y otros, de forma demagógica, intentan justificar su postura y hablan del reparto de la PAC con un 20% de los perceptores que cobran el 80% del presupuesto, manipulan los datos al hablar del reparto de renta”, porque según UPA “el decreto de convergencia no va dirigido a atajar esta desigualdad, sino todo lo contrario, la va a agrandar. Esta situación, que no compartimos, va a ir a peor con el decreto del ministerio, que no establece límite y, por lo tanto, quien más hectáreas tenga, más va a cobrar. No se puede equiparar homogeneización de valores unitarios de ayuda (proceso de convergencia) con mejor reparto de rentas. Las explotaciones más pequeñas tienen asociados derechos de pago más altos, por lo que la convergencia de derechos provoca trasvase de importes de los pequeños agricultores a las grandes explotaciones”.

Desde UPA Andalucía, llevamos años siendo defensores a ultranza de una PAC más justa y social, en la que la mayor parte de los recursos se destinen a quienes verdaderamente trabajan la tierra y generan riqueza y empleo en su entorno rural  y una posible solución es que se apueste por el fortalecimiento del tejido socio-económico de las zonas rurales como objetivo transversal y se pongan en marcha una serie de instrumentos posibles de aplicar en este nuevo marco como: techos en las ayudas, (60.000€ por explotación) para que unos pocos no se beneficien de la mayor parte del presupuesto; pagos decrecientes que hagan que, a medida que aumenta el tamaño de la explotación, las ayudas unitarias por superficie disminuyan; y pagos redistributivos primando las primeras hectáreas, de forma que una parte del presupuesto y los recortes en techos y degresividad se distribuyan entre los pequeños y medianos agricultores, además de tener acceso al resto de pagos.

Sé el primero en comentar...

Escribe una respuesta

Tu dirección de correo no será publicada.


*