Carmelo Romero (PP) critica que el nuevo decreto de consumidores del Gobierno “ampare la ocupación ilegal”

El diputado nacional del PP, Carmelo Romero, ha criticado que el Real Decreto-ley sobre consumidores y usuarios que se aprobó hace unos días “ampara las ocupaciones ilegales camuflando a los ‘okupas’ como consumidores vulnerables”.

Carmelo Romero ha manifestado que con este Real Decreto “se da carta blanca a la ocupación de viviendas mientras limita el derecho a los propietarios a la propiedad privada como elemento esencial de la convivencia entre ciudadanos”.

“El Gobierno de PSOE y Podemos no pueden amparar la ocupación y convertirla en un mecanismo más de acceso a la vivienda mediante un Real Decreto-ley sobre consumidores y usuarios, porque los consumidores vulnerables no son okupas”.

En este sentido, el popular ha manifestado que es “inadmisible el fenómeno de la ocupación de las viviendas, fruto del trabajo y esfuerzo de las familias, que se ven desprotegidas con el Real Decreto que ha aprobado el Ejecutivo con el que pretende amparar, paralizando desahucios aun cuando sean consecuencia de delitos de usurpación“.

El diputado popular ha explicado que PSOE y Podemos van a “erosionar” el derecho de la propiedad privada con medidas que recoge el Decreto como “la expropiación del uso temporal de una vivienda ante un procedimiento de impago sin compensación y la legalización de la okupación de viviendas”.

De ahí que haya remarcado que “el PP siempre va a defender el derecho de las familias y de los propietarios frente a las ocupaciones ilegales y los ataque que reciban por parte del Gobierno de Sánchez e Iglesias para mantener la convivencia”.

En este sentido, Carmelo Romero ha asegurado que el PP seguirá “liderando la lucha contra las ocupaciones ilegales ante el alarmante aumento de casos”, motivo por el que que los populares defienden una ‘Ley Antiokupa’ con desalojos en 12 horas, penas de cárcel de 1 a 3 años para la ocupación con violencia, así como que la incitación a la ocupación se castigue de 3 meses a un año de prisión y que no se permita a los okupas empadronarse en viviendas ocupadas.