La Interventora del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, que como funcionario de la Administración Local tiene la obligación de fiscalizar las cuentas municipales, no ha visto aceptada por el Tribunal Supremo la querella criminal presentada contra el alcalde, Carmelo Romero, al que acusaba de delito tan graves como acoso laboral y lesiones psíquicas en el desempeño de sus funciones, según ha informativo Radio Huelva de la Cadena Ser en sus informativos y página web.
Este caso ha tenido que ir hasta el Tribuna Supremo por ser Carmelo Romero diputado nacional del PP, por lo que en caso de ser aceptada la misma tendría que haberse solicitado el suplicatorio al Congreso.
Según la demanda presentada, los hechos se remontan a las sanciones impuestas por el Tribunal de Cuentas del citado Ayuntamiento basado en los informes negativos de la Interventora municipal por acuerdos que la misma consideraba ‘ilegales’, lo que provocó que el alcalde de recriminara por ello, según consta en la demanda, recibiera amenazas y distintas agresiones a su vehículo. El Tribunal Supremo no ha considerado los hechos expuestos constitutivos de delito alguno pero no ha entrado en la parte que origina esta crisis, las cuentas municipales, por considerarlo ajeno a la demanda presentada.
Habría que ver qué camino judicial toma la Interventora del Ayuntamiento o si con esto se cierra el caso. Lo sorprendente es que los grupos municipales de la oposición en Palos de la Frontera no se hayan eco en el terreno político de este embrollo dentro del Ayuntamiento.
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