Andalucía, Galicia, Murcia, Madrid y Castila y León rechazan el reparto de fondos europeos en materia de empleo

Rocío Blanco manifiesta su disconformidad a Yolanda Díaz al entender que se invaden competencias autonómicas para el diseño de las políticas activas de empleo

La consejera Rocío Blanco, durante la reunión, celebrada telemáticamente
La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, se ha sumado a lo manifestado por los representantes de las comunidades autónomas de Galicia, Madrid, Castilla y León, y la Región de Murcia en la LXXX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, celebrada este miércoles bajo la presidencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y ha mostrado su rechazo a lo que considera una invasión de competencias, puesto que la participación de las comunidades autónomas en la distribución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) ha sido puramente testimonial, y simplemente han estado presentes en algunas reuniones informativas previas.

El tema central de la reunión era la distribución de 687,75 millones euros de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), y el diseño “impuesto” por el Gobierno de España para que éstos sean destinados a una relación de destinos funcionales. Los representantes de estos gobiernos autonómicos han querido remarcar que son las comunidades autónomas las que poseen las competencias sobre las políticas activas de empleo, ya sean servicios de empleo, incentivos para el empleo y formación para el empleo. Por tanto, son las comunidades autónomas las que tienen que diseñar cualquier política activa de empleo.

Los gobiernos de Andalucía, Galicia, Región de Murcia, Madrid y de Castilla y León, han mostrado su desacuerdo con respecto al comportamiento de los ministerios de Trabajo y de Educación, al tratar a las comunidades autónomas como meras ejecutoras de las líneas de subvención elegidas de forma unilateral por estos departamentos, cuando son las comunidades autónomas las encargadas de su gestión.

Denuncian, en este sentido, que se impongan los destinos funcionales de los fondos, en muchos casos coincidentes con políticas ya existentes en sus territorios, y en su mayoría, son imposibles de automatizar los procesos de aplicación. Adicionalmente, la obligada aplicación de esas políticas no está acompañada de los recursos financieros suficientes para desplegarlas en tiempo y forma. Asimismo, han denunciado la opacidad en el reparto de los fondos, ya que sólo se conoce que de los 70.000 millones que recibirá España, 19.000 millones irán a parar a las comunidades autónomas, sin que se haya dado a conocer los criterios con los que se van a asignar los 52.000 millones restantes, que suponen casi 3 de cada 4 euros de la totalidad de fondos que recibirá España.

Los consejeros de los gobiernos autonómicos lamentan, por tanto, que se traslade a las comunidades autónomas toda la responsabilidad del éxito de las medidas, sin que hayan podido participar en su diseño. Del mismo modo, advierten que la fórmula utilizada incorpora un elevado riesgo de no poder ser puestas en práctica, además de no cumplir con los objetivos buscados de mejora de la empleabilidad de las personas y aumento de la productividad de las empresas, dentro del contexto de una economía más verde y digital marcado por la Unión Europea.

El comportamiento de ambos ministerios en la correspondientes conferencias sectoriales de Empleo y Formación Profesional para el Empleo son una muestra más de la actitud mostrada habitualmente por el Gobierno de España, que no respeta la distribución competencial del Estado de las Autonomías, ni atiende a la indicación de la UE para que las regiones sean partícipes del diseño de los proyectos a los que se destinan los fondos.

La consejera Rocío Blanco manifiesta su disconformidad a la ministra Yolanda Díaz al entender que se invaden competencias autonómicas para el diseño de las políticas activas de empleo

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