
El tribunal también condena al exconsejero de Empleo Antonio Fernández como autor de un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, y le impone siete años y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 17 años y 15 días.
En el caso del ex director general de Trabajo Juan Márquez, la condena es como autor de un delito de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con un delito de malversación, y le impone cuatro años y un día de cárcel y diez años y un día de inhabilitación absoluta. Márquez une esta condena a la que ya tiene de siete años de cárcel y 18 años de inhabilitación por la citada sentencia del ‘procedimiento específico’.
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha resuelto el juicio celebrado entre septiembre y diciembre de 2020 por las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y las ayudas directas y sin publicidad, con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía; condenando a siete años y un día de cárcel al exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, y a cuatro años y un día de prisión al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez.
Los hechos
En concreto, la Dirección General de Trabajo se comprometía a sufragar el coste de una póliza cuyo importe al contado ascendía a 2.832.482,52 euros y coste aplazado de 2.951.413,84 euros, siendo los beneficiarios 36 personas, «entre los que no aparecía» la presidenta del consejo de administración «pero sí dos personas que nunca habían pertenecido a Acyco», en concreto Andrés Carrasco, natural de El Pedroso (Sevilla), localidad otrora gobernada por Francisco Javier Guerrero, y el exalcalde socialista de San Nicolás del Puerto Domingo Martínez.
La Audiencia subraya que la inclusión de estas dos personas como beneficiarias se debió a las relaciones personales que tenían con Guerrero, que dio la orden para que resultaran beneficiarios de la póliza y que tal extremo era conocido por los responsables de Vitalia condenados en esta sentencia. Las pólizas fueron aceptadas y asumidas por Francisco Javier Guerrero con consentimiento y autorización del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, según la sentencia.
Además el pago de estas pólizas fue autorizado por el director general de Trabajo Juan Márquez «sin que existiera previa solicitud formal de la ayuda por parte de Acyco ni se dictara resolución alguna que justificara la subvención que se otorgaba a Acyco y a los dos intrusos, evidenciando la connivencia existente entre los acusados para obtener un beneficio económico a costa del erario público, asumiéndose por la Dirección de Trabajo unos compromisos que correspondían a la empresa beneficiada, y unos gastos de adquisición (comisiones a la mediadora) que no tenía por qué haber asumido, además de ser superiores a la media del sector asegurador de vida».
Se detalla también que Encarnación Poto fue incluida en una póliza «con posterioridad a la fecha de la suscripción (de la ayuda) sin justificación».
Los condenados incurrieron en un delito de prevaricación, según la Audiencia, por «haber sido otorgadas ayudas socio-laborales sin previa solicitud formal de la empresa beneficiada y sin instrucción de expediente y resolución escrita, instrumentadas mediante la financiación con fondos públicos de pólizas de renta colectiva de prejubilaciones derivadas de la reestructuración de la plantilla de Acyco, con introducción de dos personas ajenas a dicha plantilla (intrusos)», y por la suscripción de una adenda al convenio de febrero de 2004 para abono del supuesto adelanto efectuado por siete socios de Acyco para el pago de las pólizas de prejubilación, justificando su abono mediante la presentación de una factura falsa que incluía el pago de un IVA no soportado (243.600 euros)».


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