Los órganos de gobierno de CEOE y Cepyme han rechazado este martes, por unanimidad, la propuesta planteada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros en 14 pagas mensuales desde el 1 de enero de este año, en un contexto económico de «incertidumbre», en el que «previsiblemente no se recuperarán los niveles de negocio precrisis hasta 2023, con presiones crecientes en los costes de las empresas y una notable caída acumulada de la productividad».
Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme recuerdan que, mientras la remuneración de los asalariados prácticamente ha recuperado los niveles de 2019 (previos a la crisis), el excedente bruto de explotación «todavía está muy lejos de normalizar su situación» y continúa siendo un 6,6% inferior al de 2019. «Esto implica que las empresas van retrasadas en la recuperación de la normalidad y es un reflejo de la difícil situación que aún vive el tejido empresarial», apuntan ambas organizaciones.
Así, una nueva subida del SMI contribuirá a «aumentar los costes laborales y la presión sobre los márgenes de las empresas» lo que, «unido a otros riesgos como el encarecimiento de las materias primas o los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro, pueden llevar a un menor dinamismo económico en el futuro y a una menor creación de empleo».
Todo ello después de que las empresas hayan asumido una subida del 30% en el SMI desde 2019, con una reciente subida en septiembre del pasado año –que alcanzaría el 5,2% sumada a la que se plantea para 2022-; y de que se haya aplicado una subida de cotizaciones sociales aparejadas a los salarios, conformando un coste total por empleado para las empresas «muy superior a esos 1.167 euros mensuales que se proponen y que sobrepasaría los 1.500 euros en términos generales».
Además, añaden, el Gobierno «sigue sin indexar los contratos públicos a esta evolución, un compromiso adquirido en 2019 que incomprensiblemente nunca ha sido atendido». Por otro lado, recuerdan que en 8 comunidades autónomas el SMI ya está por encima del 60% del salario medio de la región.
En definitiva, la propuesta del Gobierno es «inasumible» para sectores especialmente vulnerables como el agrícola y aquellos intensivos en mano de obra (limpieza, hostelería, etc.), que llevan años soportando sobrecostes de todo tipo.
En este contexto, las organizaciones empresariales consideran que no es el momento, por ello, de aplicar una nueva subida del SMI en 2022, que «parece responder más a una aspiración política en el seno del Gobierno que a la lógica económica».
Por el contrario, el deseo compartido de que la recuperación económica lleve aparejada un mayor nivel de rentas debe lograrse «favoreciendo las palancas que están detrás del desarrollo económico y, concretamente, del crecimiento empresarial, como son la formación, la inversión o el desarrollo tecnológico».
Con ese ánimo, las dos organizaciones muestran su disposición a analizar y concretar en el ámbito bipartito con los sindicatos «la que debería ser la senda de actualización de los salarios razonable para los próximos años en el marco de las negociaciones del próximo Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AENC), que ofrezca tranquilidad a empresas y trabajadores y, en general, al país».
Por su parte, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha señalado que la subida del MI que plantea el Gobierno para 2022 es «un planteamiento que daña aún más la situación» económica, en un contexto en el que siguen los contagios por la pandemia y se mantiene el encarecimiento del precio de la energía.
Para Amor, esa subida supondría «más de 600 euros al año», una cifra resultante de sumar el alza más las cotizaciones a la Seguridad Social por trabajador y año, según sus cálculos.
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