El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles la tramitación de la Proposición de Ley que han presentado PP, Cs y Vox sobre la revisión de terrenos forestales del norte de la Corona Forestal de Doñana para su calificación como suelos agrícolas regables.
A la suma de PP, Cs y Vox se ha añadido la abstención del PSOE, por lo que la iniciativa solo ha contado con los 17 votos contrarios de los parlamentarios de Unidas Podemos y los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía.
La iniciativa de PP, Cs y Vox pretende modificar el Decreto 178/2014 sobre el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), así como busca el cambio de la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía.
La Proposición de Ley busca ampliar el rango de terrenos con la calificación de suelos agrícolas regables, por cuanto la normativa en vigor establecía los terrenos con esa consideración hasta el año 2004, mientras que estos tres partidos buscan ampliar ese corte cronológico hasta 2014, ampliar una década los terrenos que puedan ser considerados agrícolas regables, así como busca anular la disposición que exige a los propietarios acreditar que la explotación agrícola existía antes de 2004.
De igual forma promueven la reforma de la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía para que «aquellas superficies sobre las que se hubieran implantado plantaciones de especies forestales de turno corto en régimen intensivo, en las que existieran usos agrícolas con anterioridad a la implantación de esas especies forestales, y el titular de la misma decida la reversión del uso agrícola en esta. Se consideran especies forestales de turno corto aquellas cuyo turno sea inferior a veinte años».
En la exposición de motivos de la iniciativa se argumenta que «las modificaciones que aquí se plantean no rompen en modo alguno ni hacen peligrar el equilibrio existente», por cuanto argumenta que la clasificación de suelos agrícolas regables en zonas B y C «no confiere de forma automática el derecho al uso del agua, sea superficial o subterránea».
«Es decir, el que un suelo sea calificado como suelo apto para regadío no conlleva per se el derecho al uso de agua, solo se califica el suelo como agrícola, que puede tener o no derecho a agua, pero el titular del mismo podrá hacer uso para cultivos de secano o cualquier otro conforme a la normativa vigente -uso ganadero, etc-«, explica la iniciativa. En la Proposición de Ley se señala que «solo en los municipios mencionados existen cientos de concesiones administrativas de terrenos para las labores agrícolas, además de las numerosas hectáreas de titularidad privada».
El parlamentario del PSOE Mario Jiménez, ha calificado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de «irresponsable por querer cambiar el Plan Forestal, un plan consensuado». Jiménez ha considerado que la iniciativa parlamentaria responde «al engaño masivo de un Gobierno impresentable y frívolo».
«En Doñana no se puede entrar como un elefante en una cacharrería», ha manifestado Jiménez, quien a su juicio, con la iniciativa «van a perjudicar a la agricultura de la provincia».
El diputado del PP-A Manuel Andrés González, ha subrayado que esta iniciativa «no supondrá una amnistía como algunos dicen», sino que pretende «resarcir el daño que se le produjo a cientos de agricultores» de los municipios de Almonte, Moguer, Bonares, Rociana del Condado y Lucena del Puerto con la entrada en vigor del Plan Especial de la Corona Norte que aprobó el anterior Gobierno socialista. «Esta modificación pretende poner orden y amparar jurídicamente a unos agricultores que injustamente tras décadas cultivando sus tierras vieron vulnerados sus derechos históricos por culpa del Plan del PSOE que nació sin ningún tipo de consenso».
El parlamentario onubense ha insistido que en esta Proposición de Ley «no se aborda cuestiones de agua sino cuestiones de suelo» y que las fincas que se pretenden regularizar, en torno a 800 hectáreas, «la mayoría de ellas están a 20, a 30 e incluso a 40 kilómetros» del Parque Nacional que no se toca «ni en un milímetro».
González ha remarcado que esta modificación «no da derecho a aguas», solo a tener la posibilidad de acceder a ella cuando, por parte del Gobierno de España, se proceda a ejecutar las obras de infraestructura hídrica en la provincia de Huelva, principalmente el desdoble del Túnel de San Silvestre y la Presa de Alcolea.
El popular ha explicado que a diferencia del Plan socialista «esta iniciativa cuenta con el apoyo mayoritario del sector, de las organizaciones agrarias y sindicales e incluso de la Diputación Provincial, como se aprobó en el Pleno, y de los ayuntamientos afectados, siendo tres de ellos, Moguer, Rociana del Condado y Bonares Gobernados por el Partido Socialista».
González ha finalizado pidiendo que se dejen las diferencias políticas a un lado «por el bien de la provincia de Huelva», ya que «votar sí a esta iniciativa es decir sí a la agricultura, uno de los principales motores económicos y de creación de empleo, y a la conservación de Doñana».
Por su parte, el parlamentario de Cs Julio Díaz, ha indicado que lo que plantea la proposición de ley es una solución a un problema que los anteriores gobiernos del PSOE-A «no supieron resolver» y «abre una puerta a la negociación y al debate». Ha defendido el plan de la corona como «una garantía de sostenibilidad de Doñaña» y ha defendido que es necesaria una reordenación de la zona regadíos, «sin que en ningún momento se esté hablando de amnistía».
Díaz ha dicho que el PSOE «tiene que decidir ahora si está con los agricultores y con la actividad agrícola en Doñana» y le ha instado a que «olvide la calculadora electoral» y «abandone posicionamientos políticos ideológicos».
La portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, ha querido trasladar a los agricultores que en la posición de su grupo sobre esta iniciativa «no hay ninguna conspiración ni una idea predeterminada ni ganas de causarle ningún mal a nadie» por parte de «quienes defendemos a Doñana y la viabilidad futura de la provincia de Huelva».
Nieto ha denunciado que los agricultores han sido «engañados» con esta doble iniciativa de PP y Cs y de PP y Vox porque «esos partidos saben perfectamente que lo que se pone en la iniciativa no se puede hacer y están jugando con la calculadora electoral».
«Han puesto a los agricultores en riesgo cierto porque el problema es que no hay agua y no se puede ampliar el numero de hectáreas de regadío legalizadas, porque el acuífero del que dependen están sobreexplotado», ha sentenciado.
Por último, el diputado de Vox Rafael Segovia ha señalado que aprobar la Proposición de Ley es hacer «un acto de justicia con los agricultores de Huelva, estaríamos dignificando esta cámara y estaríamos apoyando a una provincia muy castigada por la Junta de Andalucía desde hace muchos años”.
Segovia ha recordado que los cultivos de fresas, arándanos, frambuesas y moras, muy extendido en la provincia de Huelva, ocupan casi 12.000 hectáreas y facturan en exportación más de 1200 millones de euros al año, creando entre 80.000 y 100.000 empleos.
El parlamentario de Vox ha denunciado que “los agricultores que iniciaron un proceso de defensa de sus derechos, en vez de encontrar apoyos, han sido atacados y criminalizados por influyentes lobbies con una injusta campaña mediática de descrédito y criminalización a la que se suma la propia administración andaluza que los acusa de no aceptar una ley fruto de un consenso del que ellos no habían formado parte y que se pliega al dictado de los lobbies globalistas de Bruselas”.
“Para nosotros, los objetivos son tan modestos, y tan justos, que no encontramos razones objetivas para romper la unidad de esta cámara en torno a unos agricultores que merecen nuestro apoyo. Esa unidad de todos los grupos es esencial para abordar la solución definitiva al problema que haría compatible el mantenimiento del acuífero de Doñana con el mantenimiento de la actividad agrícola. Esa solución existe y es muy factible”, ha manifestado.
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