El Pleno del Congreso ha avalado este jueves con 187 votos a favor el decreto ley del plan de ahorro energético que incluye las primeras medidas dirigidas a rebajar el consumo de gas para cumplir el compromiso voluntario adquirido con la Unión Europea ante un posible corte de suministro por parte de Rusia.
El decreto ha sido convalidado con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe y el PRC. Por el contrario, el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP y Foro Asturias han votado en contra, mientras que el BNG se ha abstenido.
El Congreso ha aprobado también la tramitación del decreto como proyecto de ley, por lo que los grupos podrán presentar enmiendas para intentar introducir modificaciones, tal y como ha comprometido el PSOE. El acuerdo con sus socios contempla un plazo máximo de un mes para presentar enmiendas, por lo que la norma podría estar aprobada en octubre.
El plan de ahorro energético limita la temperatura de calefacción y refrigeración a 19 y 27 grados centígrados respectivamente en inmuebles de las administraciones públicas, establecimientos comerciales como grandes almacenes o centros comerciales, espacios culturales o infraestructuras de transporte como estaciones o aeropuertos. La norma deja fuera hospitales, centros educativos, gimnasios, peluquerías o cocinas de restaurantes.
Asímismo, se obliga a apagar las luces de escaparates y edificios públicos desocupados a partir de las 22.00 horas y se obliga a que antes del 30 de septiembre tanto edificios como locales dispongan de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente.
La norma también contempla las medidas de fomento del transporte público ferroviario, como la bonificación del 100% en los viajes de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia, ayudas al sector del transporte o el complemento de 100 euros en las becas al estudio.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, ha celebrado que las medidas adoptadas han logrado una reducción del consumo del 9,5% en la última semana y del 8,5% con respecto al año pasado, por encima de los compromisos voluntarios adquiridos con la Unión Europea (del 15%, pero del 7% para España).
El diputado del PSOE César Ramos ha lamentado que, pese a haber intentado ponerse en contacto con el PP durante la última semana para negociar cambios, como con otras fuerzas políticas, en el principal partido de la oposición «no había nadie al otro lado». También ha criticado el rechazo de los ‘populares’ la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, acusándoles de ser «la derecha más rancia de Europa», propia de un «conservadurismo retrógrado y negacionista», cuando otras formaciones conservadoras europeas han aprobado «medidas similares».
Críticas al decreto
Para la defensa del decreto ley el Gobierno ha elegido a la titular de Transportes y no a la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que no ha intervenido durante el debate, pese a estar presente durante toda la sesión plenaria.
Una elección censurada por la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, que ha solicitado el turno en contra para confrontar directamente con el Ejecutivo. «Es tan indefendible su errática política energética que parece lógica que haya huido de dar la cara para la defensa de un decreto que a quien le incumbe fundamentalmente es a usted», ha dicho.
Gamarra ha criticado a la ministra que el ahorro logrado no es fruto de las medidas, sino de los elevados precios de la energía de la última semana ante «el fracaso de la excepción ibérica». La dirigente ‘popular’ ha instado al Gobierno a reconducir las obligaciones de temperatura e iluminación a recomendaciones y potenciar la generación de electricidad sin atender al compromiso de cierre nuclear o a los objetivos climáticos.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que su partido recurrirá en el Tribunal Constitucional el decreto ley que incluye las medidas de ahorro energético, que a su juicio «atenta contra los derechos de los españoles». Abascal ha afirmado que el Gobierno de coalición está «empeñado en traer ruina, despilfarro e inseguridad» al país y ha asegurado que las medidas de ese decreto ley extiende «las cartillas de racionamiento al campo energético».
Mari Carmen Martínez Granados, portavoz energética de Cs, también ha criticado el rechazo del Gobierno a la energía nuclear, así como las «restricciones» que, a su juicio, supone el decreto ley para el comercio, mientras que Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, ha argumentado su voto en contra en que la norma peca de «fundamentalismo ecologista que empobrece y arruina la sociedad, comercios e industria».
Además de la falta de negociación, los socios del Gobierno han afeado al Ejecutivo el carácter de las medidas, reclamando ERC y Bildu medidas estructurales, y no temporales, pero sobre todo más ambiciosas. «Parecen más medidas efectistas que efectivas, el decreto se queda corto», ha dicho Joan Capdevila (ERC). Íñigo Errejón, de Más País, ha pedido «un plan de largo alcance, trabajado y acordado con grupos» y «no ir saltando de decreto en decreto».
Unidas Podemos también ha llamado a ir más lejos en el próximo Plan de Contingencia, pues si bien consideran «un paso adelante para afrontar la crisis energética», su diputado Juantxo López de Uralde ha pedido mayores esfuerzos y un reparto «justo» de los mismos, con un objetivo global de reducción y una distribución más exigente en el transporte y la industria.
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