La empresa Diseño de Soluciones Medioambientales (DSM), que opera el centro de gestión de residuos industriales de Nerva (Huelva), ha señalado que su actividad está «avalada» por las autorizaciones concedidas por las distintas administraciones y está basada en un proyecto aprobado que se encuentra en su última fase de desarrollo. «Desde la compañía se está trabajado con la administración en un plan de cierre y clausura progresivo de la instalación que garantice por encima de todo las mejores condiciones ambientales tras el final de la actividad autorizada», ha manifestado la empresa.
Este hecho, explica, se ha puesto de manifiesto con el reciente sellado del vaso I, que es la primera fase del plan de cierre y que se corresponde con el 15% de la superficie que ocupan los depósitos.
Desde el Ayuntamiento de Nerva, «se insiste en la intención de denegar una licencia de obras que DSM ha solicitado para continuar con su proyecto de clausura y que implica hacer obras sobre el perímetro de cierre de los vasos», apunta la empresa, que quiere informar que los trabajos corresponden con la Fase II y III de un proyecto ya iniciado y cuya primera fase ya cuenta con la licencia de obras concedida por el mismo Ayuntamiento de Nerva. «Si, arbitrariamente, éste no concede las licencias solicitadas, la primera consecuencia será la imposibilidad de clausura de los vasos en condiciones de seguridad ambiental, además de causar un perjuicio patrimonial incalculable a la compañía, de lo que será responsable exclusivamente el Ayuntamiento de Nerva», indica la empresa.
DSM apunta a que, debido al proceso de «desinformación» al que se ve sujeta la opinión pública, hace que ésta «no sea consciente ni de lo que ha aportado la compañía a Nerva (más de 13 millones de euros) ni de los desastrosos efectos para el empleo y el tejido industrial de la Cuenca Minera, Huelva y Andalucía, que un cierre no ordenado de la instalación puede conllevar».
La empresa señala que, como cada vez que se acerca un proceso electoral, vuelve a situarse en el centro de la campaña en la localidad de Nerva. La compañía entiende esto como «habitual» y asume la «presión mediática derivada de la acción política» con la seguridad de saber que su actividad «cumple escrupulosamente con todas las normas legales de aplicación».
La empresa lamenta tener que salir al paso continuamente para desmentir las declaraciones e informaciones que cuestionan la legalidad de las operaciones que se realizan en la instalación de Nerva y que «dañan gravemente» su imagen «con el consiguiente perjuicio económico».
Asegura que el centro ha superado todo tipo de controles desde el inicio de su actividad, «siempre de forma intachable, refrendados con los con más de 700 informes ambientales y más de 50 auditorías realizadas hasta la fecha».
Escribe una respuesta