
UPA Huelva afirma que la campaña agrícola de Huelva se enfrenta a «un futuro incierto si no se asumen urgentemente medidas a corto y medio plazo que aseguren la estabilidad del sector para los próximos años»; medidas sobre temas tan relevantes como el agua, las infraestructuras o los precios.
Según la organización agraria, el acceso al agua frente al estado actual de sequía, cuya única solución es que llueva; la necesidad de infraestructuras de ejecución inmediata históricamente demandas, buscar soluciones reales y prácticas teniendo en cuenta lo propuesto en el Plan Andaluz de la Sequía y en el Plan Hidrológico Tinto Odiel y Piedras, (el vigente y el que está en tramitación) y en el Condado desarrollando la Ley 10/2018 para que los 19,99 hm3/año lleguen a todos los pueblos o asegurar unos precios justos para los agricultores y ganaderos, son retos que se deben de asumir ya por la supervivencia del futuro del campo de Huelva».
En materia de agua, UPA Huelva apoya y se alinea con los trabajos y medidas que la Asociación de las Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu), que son las organizaciones interlocutores de las administraciones del Estado y la Junta de Andalucía y los municipios en materia de agua. Corehu está integrada por todas sus comunidades de regantes de la provincia de Huelva, en las que UPA Huelva confía «en el buen trabajo que hace». Estas medidas son de carácter inmediato para paliar los efectos de la sequía por si no llueve en primavera, pero «con soluciones viables y realistas abordadas de forma ordenada y organizada en el marco de la cooperación público-privada».
Estas medidas pasan por:
1). Ejecución de obras de reparación de los Bombeos de Bocachanza, que ya se están ejecutando y con fecha de termino prevista en abril. El Plan Andaluz de Sequia debe ser mejorado, para que inmediatamente que se termine la obra se puedan bombear 75 Hm3/año sea cual sea el estado de sequía.
2). Instalación de equipos para mejorar la calidad de 20 hm3 de agua del embalse del Sancho para poder aprovechar el agua que se destine a agricultura sin riesgo.
3). Obras para nueva captación de agua en superficie de la toma en la presa de Andévalo, para aprovechar bien toda el agua de sus reservas incluso los 100 hm3 de colchón bajo la toma del palafito.
4). La utilización por emergencia de agua de pozos en cualquier acuífero de Huelva.
5). La reutilización para regar de las aguas depuradas con terciarios en toda la provincia y Huelva Capital con 12Hm3/año.
6) El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir deben desarrollar la ley 10/2018 de 5 de diciembre, sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm³ desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y que se ejecute dicho trasvase de agua al Condado-Doñana. Asimismo se debe crear sin más demora la Comisión Técnica de Transferencia; se deben otorgar las concesiones de agua superficial para riegos; constituirse la Junta Central de Usuarios de agua trasvasada y que se ejecuten las obras del Anillo Hídrico del Condado, para que el agua superficial pueda llegar a todos los municipios y cerrar pozos y abastecer los usos urbanos, agrarios, industriales, turístico de todos los pueblos del Entono Doñana
7). En la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, sin más demora, se debe finalizar la presa de Alcolea. También se tiene ya que proyectar y ejecutar las presas de Coronada, ambas en el Rio Odiel, la presa de Pedro Arco para reforzar la del Piedras y la presa de Corunjoso para reforzar la presa del Corumbel.
8). En la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir se debe ejecutar el embalse del Agrio en el río Guadiamar, para recargar acuíferos-humedales en Doñana y para sustituir agua de pozos para regadíos del Condado.
9). Se debe de elevar al Pleno del Convenio de Albufeira la consolidación de los 75 hm3/años actuales y la ampliación a 150 Hm3 año aprobada en el Plan Hidrológico Nacional.
10). La Dirección General de Agua del MITECO debe comenzar en el segundo semestre de 2023, las obras del Desdoble del Túnel de San Silvestre.
Respecto a la proposición de ley para la mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, UPA Huelva apoya la presentación de la PPL en el parlamento andaluz, dado que es un texto consensuado con la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, plataforma en la que la organización está integrada. Al igual que en la anterior PPL, UPA Huelva participará a través de la correspondiente comparecencia parlamentaria y trasladará su posicionamiento ante la comisión que se designe.
De igual modo, UPA Huelva considera acertado que se constituya una oficina técnica para estudiar caso por caso y amparar a aquellas parcelas regulables y considerar si deben retornar a su estado histórico.
En opinión de la organización, La PPL «no compromete» el agua del parque Nacional de Doñana. Para ello las reivindicaciones en materia de agua superficial para el Condado de Huelva que se han mencionado en el apartado de aguas «son imprescindibles», pues «sería una garantía para los agricultores y para el parque nacional de Doñana».
UPA considera que todas las partes implicadas deben de hacer «un ejercicio de mayor transparencia» ante los agricultores y el resto de la sociedad. «La Proposición de Ley no concede la dotación de riego necesaria, ni el título concesional. Si la Ley sale adelante los agricultores deberán solicitar esta concesión a quién tiene la competencia en esta materia que es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Teniendo en cuenta esto, es también justo recalcar que no supone ninguna amnistía, no amplía los regadíos y tampoco toca el parque nacional de Doñana ni al acuífero», señala la organización agraria.
En materia de precios, UPA Huelva entiende que se debe fijar la atención en el incremento de precios en destino debido a los intermediarios que tiene la cadena en alguno de sus eslabones y que «especulan» con el precio, «arriesgando muy poco y obteniendo como consecuencia un alto beneficio». Son estos intermediarios, a su juidio, los que están contribuyendo a la subida de precios que pagan los consumidores y, como consecuencia, «contribuyen a la subida del IPC y la inflación».
UPA recuerda que es una obligación de las administraciones competentes el velar por el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, «asegurando que los agricultores reciben un precio que cubra sus costes de producción de forma continua durante toda la campaña, aspecto que viene incumpliéndose de forma sistemática por ejemplo en la campaña de la fresa desde hace ya demasiado tiempo».
Por otro lado, UPA Huelva reclama campañas de inspección específicas por parte de las administraciones y máximas sanciones a quienes incumplan la Ley de Cadena Alimentaria. «Al igual que las administraciones realizan un esfuerzo y dotan de medios para las inspecciones de trabajo o pesajes de camiones agrícolas a diario, también deberían realizarse inspecciones para sancionar a aquellos agentes que someten a presiones en materia de precios a los empresarios agrícolas y que ponen en riesgo la rentabilidad de las explotaciones», argumenta la organización.
En este sentido, UPA Huelva está a la espera de fecha de reunión, una vez solicitado a la Subdelegación del Gobierno de Huelva un encuentro de trabajo con la jefatura de inspección, de cara a poder trasladar los posicionamientos de la organización.
UPA Huelva quiere destacar la necesidad de unión del sector agrícola frente a estos retos que «hay que asumir de forma inmediata y urgente».


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