Los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y CEPYME, Gerardo Cuerva, y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, han suscrito este miércoles el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en un acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Según ha señalado CEOE, el acuerdo es una «nueva apuesta» por el diálogo social bipartito como «eje del autogobierno de las relaciones laborales, con la negociación colectiva como su máxima expresión, en línea con lo que organizaciones empresariales y sindicales vienen demostrando desde hace décadas».
En esta línea, en contextos tremendamente difíciles, como los que se han vivido en España desde el año 2020, tampoco pueden entenderse los frutos del diálogo social tripartito sin el empuje de estas organizaciones.
Como en ocasiones anteriores, este V AENC busca, desde la negociación colectiva, la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras, la recuperación salarial, la calidad del empleo y, como resultado de todo ello, el crecimiento de la productividad y de la competitividad de las empresas.
Igualmente, el acuerdo aspira a enriquecer los contenidos de la negociación colectiva y adaptarlos a los cambios y realidades que se van produciendo en la sociedad, en la economía y en el mercado de trabajo, así como a tratar contenidos que contribuyan a atajar problemas estructurales como la desigualdad entre mujeres y hombres o preservar la seguridad y salud de las personas trabajadoras.
De este modo, el V AENC da respuesta a la necesidad de incrementar salarios en la actual coyuntura, al tiempo que refuerza la negociación colectiva como modelo de gobernanza de las relaciones laborales. Además, con un enfoque innovador, abre un cauce para garantizar su adaptación a los retos del futuro, como la transición verde o la digitalización.
Con el presente AENC, señala la CEOE, los agentes sociales «ofrecemos al conjunto de la sociedad un acuerdo que aporta certezas y compromisos ante la incertidumbre y los importantes retos que España afronta como país» y añade que «desde nuestras capacidades y posibilidades en el ámbito bipartito, hemos cumplido con nuestra responsabilidad». Para completar algunos de esos compromisos, asegura que algunas actuaciones «no dependen sólo de nuestra voluntad y necesitan de la actuación del Gobierno o de otras instancias». Entre ellas, la organización empresarial destaca el requerimiento que se hace al Gobierno para adaptar la actual normativa de revisión de precios en la contratación pública para que permita su actualización en determinadas situaciones.
Asimismo, afronta la necesidad de analizar la evolución de los indicadores de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes para «establecer medidas de actuación que mejoren la salud de las personas trabajadoras y logren reducir la frecuencia y duración de estos procesos, entre otros tratando de realizar un mejor aprovechamiento de los recursos de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social sin modificar las actuales competencias de los servicios públicos de salud y con plena libertad de la persona trabajadora, para lo que instamos a las Administraciones competentes en la materia».
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