La reducción de jornada, sin un incremento correspondiente en la productividad, podría reducir aún más los márgenes de las pymes

La propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin reducción salarial, prevista para 2025, ha generado una gran preocupación en la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).

Según un estudio de la patronal, esta medida podría implicar una pérdida de 12,5 millones de horas de trabajo, equivalentes al 2,8% del tiempo total empleado. Cepyme estima que las pymes enfrentarían un coste directo anual de 11.800 millones de euros debido a esta reducción, especialmente si se implementa sin negociación colectiva ni una adaptación gradual por parte de las empresas.

Este análisis se presenta en un contexto de negociaciones entre el Gobierno, la CEOE, Cepyme, y los sindicatos CCOO y UGT, con un ultimátum reciente por parte del Ejecutivo para que los empresarios presenten una propuesta escrita sobre el tema.

Jordi Solé Tuyá, director ejecutivo de Kreedit, realiza el siguiente análisis y valoración sobre la propuesta del Gobierno:

• «España es un país donde las pymes trabajan con márgenes muy reducidos».

• «Parte de esto se debe a una falta acuciante de productividad, derivada en parte de la insuficiente preparación de los trabajadores y de la carga laboral creciente que se ha ido imponiendo a las empresas en los últimos años»

• «La medida de reducción de jornada, sin un incremento correspondiente en la productividad, podría reducir aún más los márgenes de las pymes, poniéndolas en riesgo y, por ende, afectando la sostenibilidad del empleo«.

• «El castigo continuo impuesto a las pymes, lejos de promover una distribución más equitativa de la riqueza, probablemente desincentive la actividad emprendedora, empobreciendo al país en su conjunto«.

Jordi Solé Tuyá, director ejecutivo de Kreedit valora que «España es un país donde las pymes trabajan con márgenes muy reducidos y parte de esto se debe a una falta acuciante de productividad. Esto se atribuye en parte a la falta de preparación de los trabajadores y a la creciente carga laboral impuesta a las empresas en los últimos años».

 «El castigo continuo impuesto a las pymes, lejos de promover una distribución más equitativa de la riqueza, probablemente desincentive la actividad emprendedora, empobreciendo al país en su conjunto», añade el experto.