El IVA de la factura de la luz vuelve al 21% a partir del próximo 1 de enero, terminada ya la excepcionalidad por la crisis energética. Esa vuelta al punto de partida la notarán todos los clientes, tanto en el mercado regulado (también conocido como PVPC) como en el libre.
Así, a partir del próximo 1 de enero, el recibo tendrá un incremento en el impuesto por el valor añadido. La última reducción del IVA de la luz expiró el 31 de diciembre de 2023, y, desde el 1 enero de 2024, el tipo impositivo aplicado a la luz subió de nuevo al 10%. En la actualidad, se mantiene esta cifra, pero a partir de 2025 volverá a recuperar el 21%.
Es por ello que Facua-Consumidores en Acción insta al Gobierno a emprender un nuevo cambio regulatorio por el que vuelva a aplicarse el reducido de manera estable. Tal y como viene criticando históricamente, la asociación considera injusto para los usuarios domésticos que se les repercuta el IVA más elevado a un suministro esencial como el de la electricidad.
De esta manera, Facua insiste en que considera fundamental que se consolide un impuesto reducido y señala que la bajada de recaudación para las arcas del Estado que se derive de esta disminución del IVA «puede ser perfectamente compensada con un aumento en los impuestos directos que afecte a quienes más ganan -grandes empresas-, de manera que se sigan garantizando cuestiones esenciales como la sanidad y la educación públicas».
Facua también recuerda que lleva años pidiendo al Gobierno que inste a la Unión Europea a acometer una profunda reforma del mercado eléctrico, que «debe pasar por la salida de la producción hidráulica y nuclear de la subasta marginalista», ya que ambas «provocan incrementos injustificados en los precios».
De igual forma, también resulta necesario avanzar en la creación de una empresa pública de energía y la recuperación para el Estado de las concesiones de centrales hidroeléctricas que caduquen para «integrarlas en una empresa pública generadora de energía, de manera que con ella puedan fijarse precios justos que contribuyan a reducir la factura de la luz».
Junto a estas medidas, la asociación también incide en que debe realizarse un mayor control del fraude que se comete en el sector eléctrico, con «ofertas engañosas o incumplimientos de periodos de contratación» y reformar el sistema de concesión del bono social para que «pueda llegar a muchas más familias que lo necesitan».
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