Izquierda Unida ha registrado ante la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía un escrito de alegaciones contra la concesión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para la planta de producción de amoniaco que la empresa Go Energy Spain S.L. pretende construir en el término municipal de San Juan del Puerto. La organización advierte del «grave impacto» que el proyecto tendría sobre el entorno natural, agrícola y socioeconómico de la Campiña onubense y solicita a la Junta que «no autorice la planta hasta que no se evalúen en profundidad los impactos señalados».
El escrito, firmado por Gregorio Cruz Oliva, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Trigueros, denuncia que la instalación ocuparía más de 277 hectáreas de suelo rústico agrícola tradicional, «afectando de manera directa a hábitats de aves esteparias ya amenazadas, como avutardas, sisones o el aguilucho cenizo». A ello se suma la existencia, en un radio de 10 kilómetros, de más de 40 instalaciones energéticas que, según IU, provocan una “hiperinflación inadmisible” de infraestructuras industriales en zonas rurales.
“La planta no solo destruye paisaje, sino que liquida un modelo económico sostenible y ligado a la tierra”, ha declarado Gregorio Cruz. “Estamos ante una nueva agresión al mundo rural, en la que el beneficio empresarial prima sobre la biodiversidad, la soberanía alimentaria y el futuro de nuestros pueblos”.
IU también alerta del «riesgo» que implica el uso de agua procedente del embalse del Sancho, cuyas aguas «están contaminadas por drenajes ácidos de origen minero y presentan altos niveles de metales pesados» y añade Cruz que “no se han evaluado ni los costes reales de depuración ni la viabilidad técnica del proyecto con este tipo de agua”.
Cruz denuncia, además, la «ausencia» de planificación territorial ordenada por parte de la Junta, «incumpliendo la normativa europea que exige identificar zonas adecuadas para energías renovables antes de 2025″. A juicio de IU, el modelo de implantación de infraestructuras energéticas “ha quedado en manos del mercado, sin tener en cuenta criterios de sostenibilidad ambiental ni justicia social».
Entre otros aspectos recogidos en las alegaciones se encuentran la «falta de alternativas de emplazamiento con menor impacto, los riesgos asociados al transporte y manipulación de amoniaco —una sustancia altamente tóxica—, y la inexistencia de un estudio serio sobre las consecuencias económicas para la agricultura y la ganadería local».
“El proyecto Acosta reproduce un modelo extractivo que vacía nuestros pueblos para llenar las cuentas de resultados de grandes fondos de inversión”, concluye Gregorio Cruz.
IU exige que no se conceda la Autorización Ambiental Integrada «mientras no se resuelvan o mitiguen los impactos señalados» y llama a las administraciones a «apostar por un desarrollo rural sostenible, respetuoso con el medio ambiente y con el entorno local».
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