Asein lamenta la decisión de aplazar la entrada en vigor de la ley del proyecto Veri*factu

José Manuel López, presidente de Asein

La Asociación de Empresas del Sector Tecnológico de Huelva, integrada en la Federación Onubense de Empresarios (FOE), comparte «plenamente» la preocupación expresada por la Confederación Nacional del sector (Conetic) respecto a las «incertidumbres e inseguridad jurídica» que la decisión de aplazar Veri*factu genera tanto para las empresas obligadas por la norma como para los desarrolladores e implantadores de software de facturación, que han tenido que adecuarse a los requisitos exigidos por esa Ley desde el pasado 1 de julio de 2025. Asimismo, desde Asein Huelva se reafirman en que el futuro pasa por la facturación electrónica estandarizada, que «hará innecesarios los actuales modelos de reporte fiscal como el SII o Veri*Factu».

Las empresas tecnológicas de Huelva —al igual que las del resto del país— han realizado inversiones importantes para adaptar sus sistemas, y ahora se enfrentan a solicitudes de reversión y dudas por parte de sus clientes. «Recordamos que las empresas de software actuamos como intermediarios obligados y no somos responsables de los continuos cambios normativos ni de los plazos establecidos por la Administración. Es imprescindible aclarar quién asumirá los costes derivados de estas decisiones adoptadas a última hora, señala Asein.

Para la asociación, resulta «preocupante» que el sector del software —pieza fundamental para la implantación de cualquier normativa fiscal digital— «haya sido nuevamente excluido de los procesos de diseño, toma de decisiones y definición de plazos, recayendo después sobre las empresas toda la responsabilidad operativa frente a los contribuyentes».

Asein reitera que la transformación digital de España es un proyecto estratégico que debe abordarse «con planificación, diálogo, consenso y visión a largo plazo, alineado con las directrices europeas y evitando decisiones que generan desconcierto e inseguridad como la acontecida».

Asein solicita un marco estable, «trabajado conjuntamente con el sector tecnológico, que garantice la seguridad jurídica necesaria para empresas y desarrolladores».

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