
El diputado provincial de Izquierda Unida, Verdes Equo, Podemos, Iniciativa, Marcos Toti, llevará los vertidos de lixiviados en la planta de Villarrasa al próximo pleno de la Diputación de Huelva. La iniciativa parte de las denuncias de posibles vertidos de lixiviados procedentes del Centro de Tratamiento de Residuos de Villarrasa, propiedad de la propia Diputación y gestionado por una empresa concesionaria.
Estos vertidos «han provocado que aguas contaminadas discurran hacia la Cañada de la Morita y el Arroyo de Buenavista, ambos afluentes del arroyo del Rubio, que desemboca en el río Tinto», según ha denunciado Ecologistas en Acción.
La denuncia de Ecologistas «pone de manifiesto que tras recientes episodios de lluvia se ha vuelto a registrar la salida de lixiviados —aguas que entran en contacto con los residuos arrastrando su carga contaminante— desde las instalaciones hacia el entorno natural, lo que reabre un debate sobre la gestión ambiental de esta infraestructura».
Ante esta situación, Toti ha indicado que “la provincia de Huelva no puede tolerar que instalaciones públicas, administradas con dinero de toda la ciudadanía, sean fuente de contaminación ambiental. Exigimos transparencia, información detallada sobre los controles realizados y medidas correctoras inmediatas para garantizar que los lixiviados se gestionan de forma adecuada y no terminan en cauces naturales”.
Asimismo, el portavoz de la confluencia ha señalado que pedirán al equipo de gobierno de la Diputación que explique en el Pleno «qué evaluaciones se han realizado tras estas denuncias, qué inversiones se han destinado a la planta de Villarrasa para evitar este tipo de vertidos y si se está cumpliendo la normativa ambiental vigente”.
El grupo de izquierdas ha reiterado que la presencia de lixiviados plantea “serias dudas sobre la eficacia de las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales de la planta, así como sobre el cumplimiento de las autorizaciones ambientales correspondientes” por lo que Toti entiende que “la ciudadanía tiene derecho a saber si las inversiones públicas están respondiendo a los objetivos de protección ambiental y salud pública para los que fueron destinadas”.
Por ello, el Diputado pide un informe detallado sobre los controles ambientales realizados por la Diputación y las administraciones competentes en relación con los lixiviados de Villarrasa, así como las cifras y resultados de las mediciones de calidad del agua en los arroyos afectados y las actuaciones previstas o en curso para corregir los posibles vertidos y garantizar el estricto cumplimiento de la legislación ambiental.


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