La Asociación de Propietarios de la Playa de Matalascañas (APM) ha valorado la propuesta del Gobierno para asumir la reconstrucción integral del paseo marítimo y ha instado al alcalde de Almonte, Francisco Bella, a retomar el diálogo institucional, abandonar la “dinámica de enfrentamiento” y las “amenazas” dirigidas al Ministerio, y sentarse a negociar “con lealtad y responsabilidad” una solución consensuada. La asociación lamenta la negativa del regidor a abordar esta propuesta que, a su juicio, “aportaría seguridad jurídica, estabilidad y tranquilidad a vecinos y propietarios”.
Estas declaraciones se producen tras la reunión celebrada el pasado miércoles en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, convocada por la subdelegada, María José Rico Cabrera, y en la que participaron representantes de distintas asociaciones de Matalascañas, concejales de varios grupos políticos del Ayuntamiento de Almonte y propietarios afectados.
Desde la APM han defendido que “la prioridad debe ser el interés general de Matalascañas y la protección de las viviendas y del entorno, por encima de cualquier planteamiento político o estrategia de confrontación”. Por ello, han reiterado su llamamiento al alcalde para que reabra el diálogo institucional y facilite una negociación que permita ejecutar “cuanto antes una obra sólida, definitiva y con respaldo técnico”. En este sentido, señalan que “Matalascañas necesita cooperación entre administraciones, no confrontación”, han concluido, subrayando que “los propietarios y vecinos merecen certezas, transparencia y una actuación que garantice el futuro del litoral”.
Durante la reunión, la subdelegada destacó la inversión cercana a seis millones de euros destinada a la regeneración de la playa, que contempla la aportación de aproximadamente 700.000 metros cúbicos de arena y el recrecimiento de nueve espigones. La actuación se encuentra en fase avanzada y su finalización está prevista para el próximo mes de junio.
De otro lado, ha recordado el ofrecimiento de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y de la Dirección General de la Costa y el Mar, dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al Ayuntamiento de Almonte para financiar íntegramente una obra de emergencia y la reconstrucción integral del paseo marítimo. La propuesta incluye no solo la ejecución de los trabajos, sino también su mantenimiento futuro, condicionado a la cesión de los terrenos necesarios por parte del Consistorio.
Según se expuso en la reunión, hay en estos momentos dos vías para abordar la situación: optar por actuaciones provisionales o de carácter temporal, o acometer una intervención integral basada en estudios técnicos rigurosos, con rediseño estructural y asunción de la titularidad y el mantenimiento por parte del Estado. Desde el departamento estatal se defendió que esta segunda opción permitiría adoptar una solución “sólida, resistente y definitiva” para el paseo marítimo.
Según la subdelegada, el Ayuntamiento no ha remitido una respuesta formal a esta propuesta y ha añadido que alternativas como la declaración de Obra de Interés General no se consideran adecuadas en este caso, ya que podrían derivar en «largos procesos administrativos y judiciales que retrasarían la solución».
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