La asociación que representa al sector pesquero de la Unión Europea, Europêche, ha trasladado a la vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera; al Comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis; a la presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Carmen Crespo, y a los representantes de los Estados miembros en Bruselas, su preocupación ante el actual planteamiento del borrador del Marco Temporal de Crisis de la Comisión Europea.
En un escrito remitido este jueves a las instituciones europeas, la organización agradece la iniciativa, que muestra un apoyo a los sectores más expuestos y afectados, incluido especialmente la pesca, pero hace hincapié en varios aspectos que, de no cambiar, contribuirían a generar daños estructurales irreversibles a nivel europeo.
El fuerte aumento de los precios del combustible ha obligado a que algunos buques pesqueros cesen completamente sus operaciones, mientras que otros luchan por mantenerse a flote y continúan su actividad con pérdidas. Sin embargo, no pueden detenerse por completo: las crecientes obligaciones financieras con proveedores y entidades bancarias y la necesidad de mantener a sus tripulaciones les obligan a continuar “bajo una presión extrema” que pone de manifiesto el riesgo muy real de un daño estructural irreversible para el sector en ausencia de un apoyo inmediato y adecuado.
El presidente de Europêche y secretario general de Cepesca (la Confederación Española de Pesca), Javier Garat, alerta de que el límite nominal global de 50.000 euros por beneficiario “es manifiestamente insuficiente” y no responde a la magnitud de la crisis actual del sector pesquero. La urgencia de la situación ya es evidente sobre el terreno, y exige un límite de ayuda de hasta 400.000 euros por buque, garantizando una cobertura que refleje la realidad de las empresas que operan varios buques. Una ayuda que, reitera, debe verse reforzada con la movilización de fondos extraordinarios por parte de la Comisión Europea al margen del El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) para compensar eficazmente a los operadores.
El sector reclama, además, una base jurídica que responda a la gravedad y el carácter excepcional de la situación actual, como se hizo con el Marco Temporal de Crisis relacionado con Ucrania. Esto permitiría una respuesta más flexible y eficaz ante perturbaciones graves de la economía, garantizando que las medidas de apoyo puedan desplegarse con la escala y rapidez necesarias.
El sector pesquero en España reclamó la semana pasada al Gobierno un paquete de medidas adicionales de aplicación inmediata ante la insuficiente respuesta de las ayudas recogidas en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo. El incremento del precio del combustible, que se ha duplicado en muchos puertos españoles (ha pasado de situarse entre 0,50 y 0,60 euros por litro en enero a superar los 1,3 euros), ha situado a numerosas empresas nacionales por debajo del umbral de rentabilidad.
Cepesca recuerda que “lo que está en juego no es solo la viabilidad económica de las empresas pesqueras, sino también miles de empleos directos e indirectos, la seguridad alimentaria y el mantenimiento del tejido social y económico de las comunidades costeras”.
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