La condena a José Luis Ábalos y Koldo García por el caso mascarillas llega tras acreditarse el amaño de contratos públicos. El tribunal considera probado que ambos participaron en una trama de comisiones ilegales durante la pandemia a cambio de adjudicaciones con el empresario Víctor de Aldama como conseguidor.
Entre los delitos por los que se les ha condenado se encuentran el de corrupción, cohecho y organización criminal en la contratación de material sanitario.
El proceso se centró en la presunta adjudicación irregular de contratos públicos para la compra de mascarillas y material sanitario durante los meses más duros de la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares sostuvieron durante el juicio que se creó una organización criminal destinada a inflar los precios y repartir comisiones ilegales.
La Fiscalía situó en lo alto de la trama al exministro, acusándole de aprovechar su cargo público para canalizar las adjudicaciones de contratos hacia la empresa controlada por la trama, Soluciones de Gestión.
Durante el juicio, Ábalos defendió su inocencia, alegando que existía una presunción de culpabilidad previa y un proceso en su contra, mientras que Koldo negó las mordidas y mantuvo su lealtad al exministro. La estrategia de Aldama fue una confesión y reconoció haber participado en los delitos de cohecho pasivo, organización criminal y aprovechamiento de información privilegiada, lo que le ha beneficiado para evitar entrar en prisión.
La sentencia, adoptada por unanimidad, concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción.
Considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y ADIF a una empresa vinculada a Aldama, la remuneración mensual de 10.000 euros para ‘gastos fijos’ de Ábalos, la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas, el pago del piso a una de ellas, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid, y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.
El tribunal destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado.
La Sala Penal, que aprecia siete delitos, declara probado que la antigua mano derecha de Pedro Sánchez se enriqueció con comisiones por la adjudicación de contratos de mascarillas en la peor fase de la pandemia del Covid-19.
Premia la confesión del empresario, que no recibe ninguna pena superior a dos años de privación de libertad, tal como pidió la acusación popular y sugirió el fiscal jefe anticorrupción
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