El parlamentario andaluz de Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo, ha anunciado la presentación en el Parlamento andaluz de una Proposición No de Ley (PNL) para la creación de una mesa de trabajo sobre la presa de Alcolea con el objetivo de analizar «de forma rigurosa» su viabilidad técnica, económica y ambiental «antes de continuar destinando recursos públicos a una infraestructura cuya utilidad sigue generando importantes interrogantes”.
Sánchez Rufo ha defendido la necesidad de abordar este asunto desde “la cordura, el sentido común y la defensa de los intereses de la ciudadanía de Huelva”, ante lo que considera una “carrera alocada” de la Junta de Andalucía por culminar el proyecto «sin haber despejado previamente las dudas planteadas por la comunidad científica».
El parlamentario ha recordado que en la presa de Alcolea ya se han invertido alrededor de 27 millones de euros y que, «con una ejecución estimada en torno al 30%, serían necesarios entre 90 y 95 millones de euros adicionales para finalizarla». En este sentido, ha señalado que “en una provincia con enormes necesidades en materia de sanidad, educación e infraestructuras, no podemos permitirnos el riesgo de dilapidar decenas de millones de euros públicos en una obra que pueda acabar siendo inútil”.
La iniciativa parlamentaria persigue tres objetivos fundamentales. El primero, «garantizar la máxima transparencia sobre el proyecto», dando a conocer «con detalle» cuánto dinero se ha invertido hasta la fecha y cuál sería el coste real de su finalización. El segundo objetivo es «situar el conocimiento científico en el centro de cualquier decisión futura» sobre la infraestructura. En este sentido, Sánchez Rufo ha recordado que recientes estudios de la Universidad de Huelva y otros trabajos científicos alertan de que las aguas que almacenaría la presa «podrían no reunir las condiciones necesarias para su utilización en regadío». Por ello, ha indicado que «lo razonable es que no se continúe avanzando en la infraestructura mientras no exista la certeza de que el agua que va a almacenar tiene la calidad suficiente para ser utilizada para el riego o para el consumo humano”.
Por último, la PNL plantea la realización de un análisis exhaustivo de los costes asociados a la posible depuración o tratamiento de las aguas. Según los estudios conocidos hasta ahora, convertirlas en aptas para el riego «podría requerir inversiones cercanas a los 28 millones de euros anuales, lo que supondría un coste aproximado de 1.140 euros por hectárea para los agricultores».
“Puede que técnicamente sea posible obtener agua apta para determinados usos, pero también debemos saber si esa solución es viable económicamente para quienes finalmente tendrían que asumir esos costes, que son fundamentalmente los agricultores y los consumidores de esta provincia”, ha explicado.
La propuesta de Por Andalucía contempla la constitución de una mesa de trabajo en la que participen administraciones públicas, comunidad científica, organizaciones agrarias, usuarios potenciales de la infraestructura y demás agentes implicados, con el fin de disponer de toda la información necesaria antes de adoptar decisiones que comprometan importantes cantidades de dinero público.
Sánchez Rufo ha insistido en que el objetivo de la iniciativa es “reducir a cero el riesgo” de que la presa de Alcolea termine convirtiéndose en «otra infraestructura fallida» y garantizar que cualquier inversión futura «responda realmente al interés general y al desarrollo económico y social de la provincia de Huelva».
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