
Ante la resolución judicial conocida en relación a la incorporación de los municipios de La Palma del Condado y Palos de la Frontera a la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta, los Servicios Jurídicos de Giahsa están analizando el contenido de la sentencia y procederán a interponer los recursos que correspondan «en defensa de los intereses de la Mancomunidad y de los ayuntamientos implicados». Así lo han hecho saber en una nota de prensa desde la MAS.
El pasado mes de abril los tribunales desestimaron íntegramente el recurso presentado por Juan Antonio García, alcalde de Bonares y representante del grupo socialista en el Pleno, contra la incorporación del Ayuntamiento de Cartaya a la MAS para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta. Dicha adhesión había sido aprobada inicialmente en julio de 2024 y la sentencia confirmó expresamente su validez, al considerar que no era exigible la integración de todo el ciclo integral del agua para formar parte de la Mancomunidad en los términos planteados.
Ese fallo judicial concluyó que la normativa vigente ampara la gestión supramunicipal del servicio, que los estatutos de la MAS permiten adhesiones parciales y que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento de Cartaya fue plenamente conforme a derecho.
Del mismo modo, el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, gobernado también por el PSOE, solicitó su incorporación a la MAS en idénticos términos para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta, lo que pone de manifiesto que esta vía de integración responde a una necesidad objetiva de gestión y servicio público compartida por distintos municipios, al margen de cualquier consideración política.
Desde la MAS reiteran su «máximo respeto a las decisiones judiciales, así como nuestra confianza en los mecanismos legales establecidos para su revisión cuando proceda. Del mismo modo, queremos subrayar que todas las incorporaciones a la Mancomunidad se han tramitado con absoluta transparencia, rigor jurídico y pleno respeto a la legalidad vigente».


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