El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos para crear la figura del Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo y para reforzar la seguridad ferroviaria y ampliar la protección social de los profesionales del sector. Y lo hace en plena huelga del sector ferroviario, a las puertas de la huelga general de este 19 de noviembre y a 19 días de las elecciones generales del 29 de noviembre.
A iniciativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se ha dado luz verde a un Real Decreto por el que se crea el Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo. Esta nueva figura será estable y permanente y coordinará la atención a las víctimas y a sus familiares, dando continuidad en el tiempo al trabajo de todos los que intervienen tras un accidente.
El Defensor será una figura diferenciada dentro del Ministerio, con rango de subsecretario. Este rango le dará el peso institucional necesario para coordinar, pedir información y reclamar respuestas a otros organismos. Su objetivo es garantizar a las víctimas una asistencia psicológica, social y jurídica continuada, y proteger así sus derechos, su dignidad y sus necesidades.
El Gobierno asegura compartir con las asociaciones de víctimas la necesidad de crear esta figura y ha incorporado al Real Decreto la misión que ellas propusieron: la protección efectiva de los derechos, la dignidad y las necesidades de las víctimas y sus familiares, el acceso a la información, la atención integral y el acompañamiento y seguimiento de los procesos relacionados con los accidentes.
El nuevo Defensor, en el plazo de tres meses desde su nombramiento, presentará, con la participación de las asociaciones un proyecto de mejora del marco normativo de atención a las víctimas. Este proyecto abordará, entre otras cuestiones, la estructura institucional de atención y las formas de colaboración entre administraciones y entidades. Así se podrán integrar las lecciones de los recientes accidentes y de otros anteriores en todos los modos de transporte, y estudiar con detalle las cuestiones que exigen una norma con rango de ley.
Se creará una Oficina del Defensor, con rango de Dirección General, que prestará el apoyo técnico y de la que dependerán una Secretaría General y una Subdirección General de Atención a las Víctimas; un Gabinete Técnico, con rango de subdirección general, que lo asesorará de forma directa. El Defensor o Defensora será nombrado por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.
Ámbito de actuación y funciones
El Defensor actuará en los accidentes de transporte colectivo de viajeros de titularidad o competencia estatal: ferrocarril, aviación comercial, transporte marítimo de pasaje y autobús. Podrá extender su labor a los servicios autonómicos y locales mediante acuerdos de colaboración con las administraciones competentes en cada territorio.
El Real Decreto aprobado hoy define a la víctima de forma amplia, no sólo quien fallece, desaparece o resulta herido; sino también quien sufre daños psicológicos, sus familiares y allegados y las personas que dependían de ella, en la medida en que el accidente les afecta directamente. Sus funciones se organizan en diez bloques, desde la coordinación institucional y capacidad de intervención hasta las competencias y garantías para el ejercicio de sus funciones. Entre ellas destacan:
Interlocución: será el interlocutor de referencia de las víctimas y sus familiares ante todas las administraciones, organismos y entidades implicadas. La atención a las víctimas se prolongará a medio y largo plazo, también cuando se desmontan los dispositivos de emergencia.
Coordinación: establecerá un marco común para una respuesta coordinada, con información clara y asesoramiento continuado. Colaborará además en la elaboración de protocolos de asistencia tras un accidente, con especial atención a las personas vulnerables.
Información y asesoramiento: orientará sobre derechos y cómo ejercerlos, ayudas disponibles, reclamación de daños, acceso a la justicia gratuita y derechos económicos, y facilitará el apoyo emocional y terapéutico.
Cooperación con la investigación técnica: colaborará de forma particular con la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (AITAT), respetando su independencia.
Colaboración con las asociaciones de víctimas y con otras instituciones dedicadas a la atención a las víctimas.
Transparencia y rendición de cuentas: elaborará informes sobre la atención prestada en cada accidente y las reclamaciones recibidas, y un código de buenas prácticas con las asociaciones de medios de comunicación para el tratamiento ético de la información sobre estos accidentes.
Capacidad de requerimiento: podrá requerir a órganos, organismos y administraciones la información necesaria para ejercer sus funciones.
El Defensor no sustituye a ningún organismo. Respetará la independencia de la AITAT y la función de los órganos judiciales, así como las competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en sanidad, servicios sociales y transporte. Cuando deba actuar en esos ámbitos, lo hará mediante instrumentos de cooperación entre administraciones.
Medidas para reforzar la seguridad en el transporte ferroviario
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado, también a propuesta del Ministerio de Transportes, un Real Decreto-ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social de los profesionales del sector.
La norma busca dar respuesta a las reivindicaciones de las organizaciones sindicales a través de cuatro objetivos: precisar el cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas, reforzar las facultades de supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), incorporar los principios de la cultura justa en la seguridad de la operación ferroviaria y extender la protección social en materia de coeficientes reductores al personal ferroviario que desempeña las mismas funciones.
El proyecto aprobado precisa qué actividades y periodos deben computarse como tiempo de conducción. A estos efectos, se incluyen en este cómputo las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las cuales el maquinista siga siendo responsable del vehículo, con atención a la circulación ferroviaria o a las maniobras.
Asimismo, se computará la totalidad de cada periodo inferior a 45 minutos comprendido entre el cese de una actividad de conducción y su reanudación por el mismo maquinista. Estos periodos se contabilizarán íntegramente, incluso cuando el maquinista haya quedado relevado de la responsabilidad del vehículo, no deba prestar atención a la circulación, no realice ninguna actividad o sea destinado a otras tareas. También se considerarán tiempo de conducción las interrupciones de duración igual o superior a 45 minutos que se produzcan durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones.
La modificación contempla adicionalmente el cómputo de los periodos de los tiempos de conducción del maquinista realizados en otras redes diferentes a la Red Ferroviaria de Interés General. Por ejemplo, para trabajos realizados por personal que, además de disponer de licencia de conducción, cuente con las habilitaciones de operador de vehículos de maniobras o de operador de maquinaria de infraestructura.
Asimismo, en los supuestos excepcionales en los que la conducción se realice por parejas de maquinistas, uno habilitado para el vehículo y otro para la infraestructura, el tiempo de conducción computará simultáneamente y de la misma manera para ambos.
El proyecto propone que toda persona física o jurídica objeto de una acción de supervisión estará obligada a facilitar al personal supervisor el acceso a sus instalaciones y equipos en el ejercicio de sus funciones. Además, las entidades ferroviarias deberán facilitar el acceso a sus instalaciones, material rodante y equipos cuando resulte necesario para desarrollar una actuación de supervisión.
Esta medida permitirá a la Agencia desarrollar sus actuaciones con independencia de que las instalaciones, trenes o equipos necesarios para la inspección pertenezcan a la entidad directamente supervisada o a otra entidad ferroviaria.
Otro de los elementos centrales del proyecto es la incorporación de los principios de la cultura justa a la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, mediante la creación de un capítulo específico que regula la comunicación de riesgos para la seguridad operacional ferroviaria y la protección del personal.
El nuevo marco permitirá que el personal con funciones de seguridad operacional pueda comunicar los riesgos para la seguridad ferroviaria a través de canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad de las personas informantes. Asimismo, se establece que no se producirán sanciones cuando la información se comunique previamente, se cese la conducta infractora y exista plena colaboración con la investigación.
La regulación reconoce también el derecho de los trabajadores a adoptar las medidas necesarias y proporcionadas ante situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad, con el objetivo de evitarlas o limitarlas. Estas medidas podrán incluir la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciarla, con la obligación de comunicarlo sin demora a los agentes correspondientes.
Además, se establece la protección frente a posibles represalias laborales o sanciones para quienes comuniquen riesgos o actúen para preservar la seguridad. Esta protección no será aplicable en los supuestos de actuación dolosa, mala fe o negligencia grave.
El Real Decreto-ley extiende el régimen de Seguridad Social previsto en el artículo 3 del Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, al personal de las empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables y/o en la Red Ferroviaria de Interés General.
Esta medida permite garantizar la igualdad de trato en materia de coeficientes reductores de la edad de jubilación para los profesionales ferroviarios que desempeñan las mismas funciones, en el marco de las actividades excepcionalmente penosas o peligrosas integradas en el Régimen General de la Seguridad Social.
Adicionalmente, se iniciará un procedimiento de revisión de los coeficientes reductores, conforme al Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, con el objetivo de estudiar la inclusión de otras categorías profesionales ferroviarias expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres. Este procedimiento contará con participación sindical.
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