
Dictar a un falso empleado del banco el código que acaba de llegar por SMS no convierte a la víctima en responsable de la estafa. Es la idea central de la guía que el equipo de Derecho Digital y Ciberseguridad de Montero de Cisneros Abogados publica a nueve días del Black Friday, la semana del año en la que más notificaciones de pagos, envíos y ofertas reciben los consumidores y en la que más activas se muestran las redes de fraude.
El patrón se repite cada año: el cliente detecta cargos que no ha hecho, reclama y el banco responde con una carta estandarizada que alega «negligencia grave» porque el usuario facilitó sus claves. Según el despacho, esa respuesta no se sostiene en la mayoría de los casos que llegan a los tribunales.
Qué dice la ley: el banco devuelve primero y prueba después
El Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago, que traspone la directiva europea PSD2, obliga a la entidad a reembolsar una operación no autorizada de forma inmediata y, como tarde, al final del día hábil siguiente a la notificación (artículo 45). Además, invierte la carga de la prueba: es el banco quien debe demostrar que la operación fue autenticada correctamente y que el cliente actuó con negligencia grave o de forma fraudulenta (artículo 44). Que la clave se introdujera bien no basta, por sí solo, para acreditarlo.
La jurisprudencia ha ido en la misma dirección. El Tribunal Supremo, en su sentencia 571/2025, de 9 de abril, se pronunció a favor del cliente bancario en un caso de fraude digital, y las Audiencias Provinciales vienen sosteniendo que quien cae en un engaño elaborado —una llamada desde el número real del banco o un SMS que aparece en el mismo hilo que los mensajes oficiales— no incurre en un descuido grave e inexcusable.
«Los bancos han trasladado al cliente la obligación de detectar fraudes que sus propios sistemas no detectan. La ley dice lo contrario: si el engaño es sofisticado, responde la entidad», explica José Montero, socio director de Montero de Cisneros Abogados.
El marco europeo también se endurece con las entidades. Desde el 9 de octubre de 2025 los bancos deben verificar que el nombre del beneficiario coincide con el IBAN antes de ejecutar una transferencia, y el acuerdo político alcanzado en noviembre de 2025 sobre el nuevo Reglamento de Servicios de Pago (PSR) prevé el reembolso a las víctimas de fraudes en los que los delincuentes suplantan al propio banco, siempre que se denuncie y se avise a la entidad.
Las cinco estafas que más crecen con las compras online
- Smishing de paquetería: SMS o correos que suplantan a Correos, SEUR, DHL o Amazon y piden pagar entre 0,80 y 2,50 euros por un supuesto envío retenido.
- Vishing con número falseado: la llamada muestra el teléfono real del banco y el estafador pide el código SMS para «bloquear un cargo sospechoso».
- SMS dentro del hilo oficial: el mensaje fraudulento aparece junto a los auténticos de la entidad.
- Duplicado de SIM (SIM swapping): los delincuentes obtienen una copia de la tarjeta y reciben los códigos de verificación.
- Tiendas falsas: webs clonadas de marcas conocidas con precios imposibles.
Cómo reclamar paso a paso
- Bloquear tarjetas, claves y firma digital en cuanto se detecte el cargo.
- Guardar pruebas: capturas de los SMS con el remitente visible, registro de llamadas, correos y extractos. No borrar nada.
- Denunciar ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, detallando si la llamada o el SMS parecían proceder del banco.
- Reclamar por escrito al Servicio de Atención al Cliente invocando los artículos 43 a 45 del RDL 19/2018. La entidad tiene 15 días hábiles para responder.
- Acudir al Banco de España o a la vía judicial si el banco rechaza la devolución o no contesta. En los tribunales se reclama el principal, los intereses y las costas.
El plazo para comunicar al banco una operación no autorizada es de hasta 13 meses desde el cargo (artículo 43). «El error más frecuente es aceptar la primera negativa del banco como definitiva. Esa carta no es una resolución, es el inicio de la reclamación», añade Montero.


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