Gabriel Cruz, como alcalde de Huelva, se decidió por liderar la salvación del Recreativo SAD como Bien de Interés Cultural (BIC) de ‘carácter etnológico’, según consta en la resolución de la Consejería de Cultura que incoa el expediente aún no concluido, y todos esperan los siguientes pasos a dar. Mientras tanto, por las caras que ya ponen los representantes de jugadores y trabajadores del club, cuando los convocan a nuevas reuniones con representantes políticos, no puede ser más patéticas: «Sí, todo muy bien, muchas gracias: ¿pero a nosotros cuándo y quién nos paga ya los once meses que llevamos sin cobrar? ¡Qué se dice pronto lo que están soportando estas familias!
En el campo voluntarista de los abonados peñistas y aficionados en general, por lo escuchado en la Asamblea de la tarde-noche de este martes, día 31 de mayo, en la sede de la Asociación de Vecinos de La Hispanidad, lo que empieza a discutirse es «quién fue primero, ¿el huevo a la gallina?». Es decir, ¿tiene que irse Comas para iniciar la campaña de recaudación de dos millones de euros para afrontar los pagos antes del 30 de junio o empezamos ya la misma con Comas dentro? Y si Comas estuviera dentro con qué legitimidad jurídica se puede poner precio a los abonos y qué se le entrega a cada aficionado como carnet para su entrada en el Estadio. ¿Y ese dinero quién responde de él? ¿Cómo se liquida el IVA que genera toda venta? Si Hacienda está deseando echar mano a todo lo que pueda porque ya teme que se va a quedar sin nada.
Demasiadas interrogantes por contestar cuando el tiempo corre que corre. Cabalga a galope tendido. Lo primero es lo primero. Decidido el camino del expediente de expropiación, que en círculos jurídicos no se llega a comprender, por lo menos hasta que se conozcan los fundamentos de derecho y esto debe estar redactado con su visto bueno por el secretario del Ayuntamiento y si fuera acompañado de un dictamen externo, de una catedrático de Derecho Administrativo, pues mejor que mejor, hay que iniciarlo con la convocatoria de un Pleno Extraordinario que acredite que el BIC está en peligro y comunicar a la Consejería de Cultura su intervención. Y eso debe ser rápido, porque ésta, los servicios jurídicos de la misma, o redactan que no hay base para la expropiación, lo asume o delega la competencia en el Ayuntamiento. Este es un trámite administrativo, al objeto de evitar cualquier requicio para dar pie a un litigio, no se puede hacer con una llamada por teléfono. Tiene que haber papeles oficiales en los que conste. A partir de ahí tendría que convocarse otro Pleno Extraordinario, en el que los concejales ya con su voto a favor o en contra se ‘mojan’, para aprobar la expropìación de las acciones de Gildoy, su ejecución y el justiprecio marcado. Si todo sale para adelante, y el alcalde ya ha dicho al director deportivo, Toledano, que planifique la temporada que viene, aunque éste no conozca el presupuesto disponible ni qué puede firmar ante representantes de jugadores y con qué poderes, el paso sería la ejecución del bien expropiado, convocatoria urgente de Junta General de Accionistas de la SAD y nombramiento de consejeros en representación del Ayuntamiento, que asume desde el momento de la expropiación los derechos pero también las obligaciones (deudas y contingencias fiscales, laborales o judiciales) que tenga contraída la SAD. Para cargar con los 23 o 25 millones de deuda (si sumamos los dos que hacen falta para pagar el 30 de junio) el interventor del Ayuntamiento de Huelva, por estar intervenido, va a tener que preguntar al Ministerio de Hacienda si autoriza la operación que elevar la deuda municipal aún más. Muy, muy complicado todo. O «novedoso» y «apasionante desde el punto de vista técnico-jurídico», como confesó el propio alcalde la semana pasada en la entrevista que le hicieron en Huelva tv, el canal municipal, para que explicara todo lo dicho horas antes en una multitudinaria rueda de prensa.
Juristas de reconocido prestigio en Huelva se preguntan por qué el alcalde no ha optado por personarse en la demanda iniciada por el Trust contra Pablo Comas, como miembro del Consejo de Administración del Recreativo y propietario mayoritario de Gildoy, para, en base a lo acontecido en la Junta General de Accionistas, solicitar al juez, no que se embargue las acciones, sino que, en defensa del resto de socios, adopte la medida cautelar de nombrar de inmediato un administrador judicial al frente de la SAD. De esto ya hay precedentes en el fútbol español y los gestores fueron apartados, caso del Real Betis. Empieza a inquietar el silencio de Gabriel Cruz, que no cuelga en su muro de facebook nada desde el pasado viernes, y eso que bien que le habían ‘meneado’ el mensaje en cuestión de horas, la no información al resto del grupos municipales y que no se empiece el proceso legal que demanda una expropiación de acciones a un sólo accionista del supuesto Bien de Interés Cultural con denominación legal de SAD. Confiemos en que al alcalde le hayan aconsejado bien (que todo puede ser, porque si las leyes todo lo interpretaramos igual pues no existieran los pleitos judiciales) porque está más cerca el día 30 de junio y lo del Recre se ha convertido en algo tan célebre y nombrado que nada tiene que envidar al ‘Brexit’ inglés del día 23 o a las legislativas del 26-J. Todo muy cerca, para que haya más suspense.
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