El juez de refuerzo Álvaro Martín, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha dictado auto de procedimiento abreviado contra los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargos de la Junta, entre ellos seis exconsejeros.
En un auto de un centenar de páginas, el juez procesa a los ex presidentes de la Junta y a los ex consejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y Antonio Fernández. El juez atribuye a todos ellos un delito continuado de prevaricación, mientras que también atribuye un delito continuado de malversación de caudales públicos a Griñán, Viera, Fernández, Martínez Aguayo y Vallejo.
También permanecían imputados 51 ex altos cargos, entre los que están los onubenses Justo Mañas, ex viceconsejero de Empleo, y Juan Márquez, ex director general de Trabajo y Seguridad Social y ex delegado provincial de Empleo en Huelva, así como ex miembros del consejo rector de la agencia IDEA. Sin embargo, el juez ha decidido archivar la causa contra una veintena de ellos, entre los que destacan los exconsejeros Manuel Recio, Martín Soler y Antonio Ávila o el presidente de Unicaja, Braulio Medel.
Chaves y Griñán han pedido su baja voluntaria como militantes del PSOE, tras conocerse el auto de procedimiento abreviado contra ellos. De esta manera, se adelantan a la decisión del PSOE, cuyo Código Ético establece que los militantes a los que se les abra juicio oral por un delito relacionado con la corrupción serán suspendidos cautelarmente de militancia.
Tanto Chaves como Griñán dejaron sus escaños en junio de 2015, después de ser imputados. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, había prometido que no mantendría a imputados en su Parlamento ni los llevaría en las listas, yendo así un paso más allá del Código Ético.
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