La Organización Sectorial de Hortalizas de UPA Andalucía va a mantener un encuentro en la Subdelegación del Gobierno en Almería este jueves para poner encima de la mesa todos los inconvenientes con los que se está encontrando el sector del pepino, así como para aportar soluciones.
UPA informó a finales de año de la congestión que el mercado del pepino estaba sufriendo y de las graves consecuencias que esta situación ocasionaba a la economía de la región andaluza. Especialmente, las grandes perjudicadas son las provincias de Almería y Granada que, en esta época, concentran un 70% y un 30% de la producción, respectivamente. Las altas temperaturas registradas en diciembre provocaron un aumento de la producción de un 30%; a este incremento se unieron las movilizaciones de los “chalecos amarillos” en la frontera francesa, que han dificultado el transporte del pepino y complicado su salida al mercado, aumentando aún más el almacenamiento de producto.
Los agricultores asumen unos costes de 0,35€ para producir un kilo de pepino. Antes de la semana 49 del año, el pepino tenía un precio en origen aceptable, pero después, debido al aumento de la producción anteriormente expuesto, el precio se situó en mínimos que llegaron a los 0,22€. La demanda del producto seguía siendo la misma, pero el excedente desplomó los precios, según explica UPA.
Durante los últimos días de 2018, se retiraron más de 450 toneladas de pepino, como medida para descongestionar el mercado y tratar de recibir un precio adecuado por el resto de la producción. «Pero estas retiradas han sido actuaciones pequeñas y aisladas, sin una planificación global y, por tanto, insuficientes», apunta la organización agrario.
En los primeros días de enero de 2019, la bajada de las temperaturas y la menor incidencia de las protestas francesas, han situado el precio del kilo de pepino a 0,52€. Es un dato positivo, que podría normalizar la situación de crisis, augura UPA, aunque advierte que «hay bastante producto almacenado esperando un repunte del precio. Si éste se saca ahora al mercado, ya en peores condiciones de frescura y calidad, el precio volverá a caer y el problema persistirá.».
UPA propone incrementar los precios que se paga a los agricultores por la retirada; planificar con antelación las campañas y sus previsiones «para que, si se producen puntos críticos y situaciones anómalas, poder activar medidas que normalicen el mercado y protejan al sector»; exigir a la Administración que controle el cumplimiento de los términos contractuales por la Ley de Cadena Agroalimentaria y la implantación de una extensión de norma, de manera que sea Hortiespaña la encargada de ejecutar las retiradas de producción, siempre que se considere necesario. «Así, se tratará de acciones globales y bien organizadas, que puedan salvar aquellas situaciones que pongan en jaque al sector», señala UPA.
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