Opinión



La Fiscalía de Huelva investiga las filtraciones sobre la investigación por el asesinato de Laura Luelmo

Alfredo Flores pide evitar el "sufrimiento innecesario" a la familia de la joven

Miembros de la Unidad Científica de la Guardia Civil en el lugar donde fue hallado el cadáver

El fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, ha anunciado la apertura de una investigación por las supuestas filtraciones sobre la investigación de la muerte de Laura Luelmo, la joven zamorana asesinada el pasado mes de diciembre en El Campillo (Huelva) a manos presuntamente de Bernardo Montoya, que se encuentra actualmente en prisión.

Flores ha pedido evitar el “sufrimiento innecesario” a la familia de la víctima tras el escrito recibido en la Fiscalía de manos de su familia, en el que pide “protección” y que se investiguen las supuestas filtraciones sobre la investigación del caso que “afectan gravemente a su derecho a la intimidad y les causan de nuevo sufrimiento”.

Según explica la Fiscalía en un comunicado, “lo más grave es el ataque a la intimidad de la familia de la víctima que supone el desvelar datos de las posibles circunstancias de la muerte” que, además de “causarles un sufrimiento innecesario y no ser esenciales para salvaguardar el derecho constitucional a recibir información veraz sobre asuntos de interés público, pueden comprometer el desarrollo de la investigación”.

La Fiscalía apunta que los hechos denunciados por la familia “son ciertos y graves en cuanto suponen la vulneración del carácter reservado de las diligencias judiciales de conformidad con los artículos correspondiente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y además y, según la identidad de quien haya suministrado la información publicada, pueden constituir un delito recogido en el Código Penal”.

El fiscal jefe ha instado a la fiscal encargada del caso “la apertura de una investigación sobre los hechos denunciados” si procediese y, “caso de existir indicios de delito, la deducción de testimonio de particulares y su remisión al Juzgado Decano para su reparto e investigación de sus posibles autores”.

Asimismo, la Fiscalía ha pedido que se evite la “victimización secundaria” en base al contenido de la Ley 4/2015 de 27 Abril del Estatuto de la Víctima y ha realizado un “llamamiento a fomentar la autorregulación de los medios de comunicación en el tratamiento de informaciones que afecten a la dignidad de las víctimas”, según aparece recogido en varios artículos de dicha ley y que obliga a fiscales y jueces a la adopción de medidas de protección de los derechos de las víctimas.

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