Mesa de la Ría, «muy preocupada por las consecuencias letales que para las poblaciones cercanas e incluso la capital produciría la rotura de las presas», ha presentado esta mañana ante la Junta de Andalucía Recurso de Alzada contra la Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se autoriza el ‘Proyecto de Mejoras Operativas y de Seguridad al Proyecto de Recrecimiento del Depósito de Estériles del Proyecto de Riotinto’, en la seguridad de que de seguir adelante el Proyecto recurrido, «se pondría en grave peligro a los bienes, vidas humanas de una gran parte de la población de Huelva y a la fauna».
De igual manera que en el desastre de Aznalcollar, la asociación señala que al final sería la Junta de Andalucía la que asumiría la gestión económica del desastre con «la recaudación de nuestros impuestos, pero nadie se responsabilizaría de los miles de vidas humanas que pudieran perderse. Recordamos a este respecto el desastre de la presa de Brasil con 270 fallecidos».
La asociación denuncia a través del recurso hasta el propio título de la Resolución, al considerar que «no corresponde mínimamente con la realidad», ya que «ni hay recrecimientos ni hay mejoras, sólo cortinas de humo para justificar una arriesgada disminución de costes y de inversiones en beneficio único de las cuentas de Atalaya Riotinto Minera».
Bajo dos líneas principales de denuncia se articulan a través de 15 páginas un conjunto de apreciaciones administrativas y técnicas que al final determinan a las autoridades a que «no se cometa el error de Aznalcollar», ya que las consecuencias «serían amplificadas por la cantidad de residuos que portan las presas». La Resolución, explica Mesa de la Ría, «sólo pretende legalizar la ilegalidad cometida durante los últimos 5 años con la total connivencia de la Administración competente tanto en materia minera como medioambiental, ya que la operativa ilegal incumplía también los condicionados de la Autorización Ambiental Integrada».
Plagado de sentencias anulatorias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en 2018 y 2019 dictaminan negativamente resoluciones de la Dirección General de Industria y Minas, la asociación indica que el proyecto en este tramo final presenta una característica constitutiva de nulidad, cual es la referida a la actuación que ahora debe ejercer como responsable al frente de la Secretaría General de Industria y Minas quien promovió el Proyecto como director general y apoderado de la hoy Atalaya Mining.
La asociación recuerda que los desastres medioambientales «rara vez se producen por azar, sino que son muy frecuentemente consecuencia de proyectos viciados en su desarrollo por administraciones desleales al interés general y conniventes con las empresas». En el caso recurrido ahora, «esta connivencia alcanza su apogeo con el nombramiento del señor Arauz al frente de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas, convirtiendo al máximo responsable de las actividades mineras de Atalaya Mining y como tal, solicitante de las autorizaciones que hoy se debaten y autor de la documentación que hoy impugnamos, en el cargo que ahora debe aprobar su proyecto».
«Los incentivos que Arauz recibió mientras ostentaba su cargo en Atalaya y que se tradujeron en una serie de acciones y opciones sobre acciones, harían que las revalorizaciones que pudieran producirse al convertirse en firme la Resolución que nos ocupa beneficiarían directamente a su patrimonio», indica Mesa de la Ría.
Por tanto, «venimos a recusar a la SGIEM como el órgano decisorio en el recurso de la Resolución al estar viciado e invalidado por un evidente conflicto de intereses que deriva en incompatibilidad», apunta la asociación, que añade que esta recusación «no solo afecta al procedimiento de recurso sino a la propia tramitación del expediente por cuanto la Dirección General depende funcional y jerárquicamente de la Secretaría General, no siendo libre de actuar el titular de la DGIEM en contra de lo que pueda ordenar el titular de la SGIEM, por lo que todo el procedimiento debe retrotraerse al momento del nombramiento de Arauz e iniciarse por órganos administrativos que no dependan de él ni en los que tenga ninguna incidencia».
Al anularse por el Tribunal Superior de Justicia las resoluciones de aprobación de la Autorización Ambiental Unificada y del inicio de actividad en fecha de 19 de septiembre de 2018 y 23 de abril de 2019, la operadora continúa trabajando «sin ningún tipo de permiso, realizándolo con la aquiescencia de las autoridades competentes, pues no había autorización ambiental ni minera», critica la asociación.
A su juicio, la Resolución de paralización del 2016 «venía a demostrar que la operadora Atalaya Riotinto Minera no había cumplido ni con los proyectos ni con las autorizaciones y habría operado ilegalmente, con la plena connivencia de las autoridades competentes desde agosto de 2015 hasta marzo de 2016». Así, indica que el proyecto técnico es «fácilmente denunciable», ya que la administración, «en lugar de obligar a la operadora a cumplir sus condiciones, acepta los incumplimientos, rebaja su importancia, permite que se siga operando en condiciones ilegales y le solicita la presentación de un proyecto que permita legalizar la ilegalidad, presentando el llamado Proyecto de Mejoras el 15 de mayo de 2016, diez días después de solicitado, lo que habla claramente de su debilidad frente a la posibilidad de roturas, máxime cuando no se reconocen en su magnitud las ampliaciones de la producción minera del 50% que se contemplan a través de las decenas de modificaciones no sustanciales, y que sin embargo afectan a la cantidad de estériles de mina y planta depositados y por tanto al tamaño de escombreras y depósito de estériles». Para la asociación, «sorprende y preocupa grandemente estas infracciones y desviaciones de la legalidad que pueden traer como consecuencia la rotura de las presas».
«Quedan pues advertidas las autoridades mineras y las ambientales: este otoño los lodos provenientes de las plantas de tratamiento de las Minas de Riotinto se depositarán en unas presas colmatadas que han alcanzado sus niveles de proyecto, incrementándose de forma exponencial los riesgos de rotura y abriendo paso a las devastadoras consecuencias que pudieran sucede», concluye Mesa de la Ría.
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