El portavoz UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha denunciado hoy que la alcaldesa, los concejales implicados del PSOE y las tránsfugas han impedido ilegalmente en el pleno celebrado esta mañana iniciar expediente de exigencia de responsabilidad patrimonial contra ellos mismos por los daños y perjuicios sufridos por el ayuntamiento como consecuencia de la nulidad declarada judicialmente de la venta de las parcelas de los antiguos depósitos para la construcción del proyecto de las torres. Concretamente cifran en 1,72 millones de euros la cantidad que deberán de pagar de su bolsillo la alcaldesa y los concejales que votaron a favor del proyecto declarado ilegal.
“La alcaldesa, otros 2 concejales del PSOE y las dos concejalas tránsfugas tenían obligación legal de abstenerse, al tener un interés directo y personal en no tener que pagar de su bolsillo esa indemnización. Sin embargo han votado en contra impidiendo iniciar el expediente de reclamación e incurriendo en nuevas responsabilidades” aclaró Cansino
Hernández Cansino ha anunciado que el asunto volverá a los tribunales, y ha explicado que “la ley no permite que un alcalde o concejal sea juez y parte a la hora de decidir si él mismo debe indemnizar a su ayuntamiento por el daño ocasionado a las arcas públicas con sus decisiones”. “Sin embargo la alcaldesa y sus concejales han votado ilegalmente y de forma determinante en contra de la reclamación imposibilitando la misma, cuando debían de abstenerse”.
José Carlos Hernández recordó que “el Juez en la sentencia que anuló el proyecto de las torres precisamente recalca que nunca debieron adjudicar el proyecto cuando sabían que existía un litigio judicial sobre el mismo” aclarando que esta circunstancia “ha agravado las responsabildades económicas del ayuntamiento”.
Para Hernández Cansino, “la alcaldesa pese a las numerosas advertencias que hicimos, aprobó y adjudicó un proyecto ilegal e insostenible, aún a riesgo de dañar la imagen y las arcas públicas de nuestro pueblo, y ahora tendrá que restituir el daño producido al pueblo”.
Hernández Cansino recuerda que “ la ilegalidad del proyecto, algo que advertimos por activa y por pasiva desde el minuto 0 y pese a ello la alcaldesa y equipo de gobierno y las concejalas tránsfugas que votaron a a favor siguieron adelante causando graves perjuicios al pueblo. Su responsabilidad es obvia”, y añadió que “la nulidad del proyecto era la crónica de una muerte anunciada”.
Por eso – ha argumentado – “el daño producido tendrán que asumirlos quienes aprobaron el proyecto a sabiendas de que era ilegal, con los avisos que se han dado y las sentencias que existen con pronunciamientos por similares casos”. Según aclaró Cansino “Los ciudadanos no tienen por qué pagar los chanchullos de sus gobernantes, así que agotaremos todas las vías legales posibles para que los responsables asuman las consecuencias legales de sus actos y las económicas de su bolsillo ”.
PSOE y tránsfugas impiden ilegalmente que se les reclame el pago de 1,72 millones de € por la nulidad del proyecto de las Torres
Rechazan la propuesta de responsabilidad patrimonial incumpliendo el deber legal de abstenerse al tener interés económico directo y personal
Hernández Cansino: «Vuelven a actuar ilegalmente incurriendo en nuevas responsabilidades en lugar de asumir de su bolsillo el daño al pueblo»
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