Una vez más, el PP de Almonte ha conseguido que las demandas de los ciudadanos sean escuchadas y atendidas por el Pleno del Consistorio. En el cónclave municipal del pasado mes de septiembre, los Populares presentaron una moción con el fin de que se estableciesen nuevas medidas destinadas a poner coto a los problemas de incivismo que padecen los vecinos de la aldea de El Rocío, especialmente en determinadas fechas. Fue entonces cuando el Grupo Municipal del PP de Almonte advirtió al Pleno del comportamiento de ciertos grupos y la proliferación de lo que se denomina casas-discoteca. Estas, tal y como le habían transmitido de primera mano los propios vecinos de la aldea, no sólo amenazan el bienestar de los habitantes y visitantes del núcleo almonteño, sino que también ponen en peligro la identidad religiosa que lo caracteriza.
Hoy, el Pleno del Ayuntamiento debatirá la aprobación de la reforma en la Ordenanza Reguladora de la Protección de la Convivencia Ciudadana y de los Bienes de Dominio Público Municipal, un documento que ha sufrido una extensa revisión producto de la moción presentada por los populares al inicio del actual curso político y que recoge un claro endurecimiento de las medidas disuasorias y sanciones destinadas a evitar que se sigan produciendo abusos no sólo en la vía pública, sino también en la propiedad privada. Ahí radica una de las principales novedades, fuente constante de frustración para las fuerzas del orden, que ante comportamientos incívicos y ruidos producidos en las terrazas o viviendas de la aldea se veían limitados en el ejercicio de sus competencias.
Ahora, de aprobarse la reforma – consensuada por todas las formaciones políticas en una mesa de trabajo constituida gracias a la petición del Partido Popular -, el inquilino será responsable de las molestias ocasionadas por el uso de estos espacios y en caso de «extrema gravedad» podrá incluso «prescindirse de medición sonométrica», lo que agiliza decisivamente la resolución del episodio y, por tanto, devuelve la tranquilidad a los afectados prácticamente de forma inmediata.
Las infracciones por ruidos dejan de ser una cuestión menor para convertirse en objeto de una regulación especial que establece multas de hasta 30.000 euros en el caso de las muy graves. La responsabilidad será solidaria entre el propietario de la vivienda y el inquilino en el caso de que no sea posible esclarecer el grado de participación en la comisión de la infracción, lo que a juicio de los Populares supone una mayor garantía para los afectados. Si el infractor es un menor, la nueva ordenanza deja claro que los padres, tutores, acogedores o guardadores legales serán los responsables directos y solidarios. «Se acaba así con el vacío al que se acogían en ocasiones los inquilinos, que sean mayores o menores de edad, deberán responder por sus actos de forma inmediata», ya que los agentes que intervengan podrán requerir verbalmente a los infractores y, en caso de resistencia, advertirles de una posible responsabilidad penal por desobediencia.
El establecimiento de medidas provisionales y decomisos recogido en la ordenanza y encaminado a garantizar el bienestar general frente al interés de quienes perturben la convivencia responde a lo planteado por el PP en la moción presentada en septiembre, aunque los Populares lamentan que en la mesa de trabajo creada como consecuencia de la aprobación de su iniciativa no estén presentes los agentes sociales – asociación de vecinos y de empresarios de El Rocío, además de la Hermandad Matriz -, algo que el PP pidió específicamente y que ha reivindicado en todas y cada una de las sesiones celebradas.
Los Populares pidieron en septiembre soluciones urgentes a los problemas de incivismo que padece especialmente el núcleo del Rocío debido a la proliferación de casas-discoteca
Escribe una respuesta