
Agentes de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción nº 1 y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, han detenido a tres personas –una en Huelva– por la presunta comisión de delitos de terrorismo y su vinculación al yihadismo en las provincias de Huelva, Salamanca y Burgos.
Los detenidos, que conformaban un grupo constituido inicialmente en la provincia de Salamanca, «se encontraban alineados con las tesis del movimiento yihadista global», según informa el Instituto Armado. En este sentido, destaca la «multiplicidad» de las fuentes desde las cuales obtenían el material idóneo para el autoadoctrinamiento y autocapacitación. A su vez, se ha detectado una amalgama de contenidos en diversos formatos procedentes tanto de sheiks yihadistas, Al Qaeda, DAESH y organizaciones terroristas de origen palestino.

Así mismo, en el marco de la investigación se han detectado dinámicas de entrenamiento físico, observándose el uso de indumentaria asimilada a la empleada habitualmente por terroristas yihadistas, tales como pasamontañas y la simulación de chalecos de combate, «lo que servía para confeccionar composiciones audiovisuales que posteriormente distribuían a terceros».
Estas circunstancias, unida a la detección de juramentos de fidelidad, búsquedas sobre armas, explosivos y sobre ataques suicidas, así como la tenencia de armas blancas de grandes dimensiones, configuraban al grupo de individuos investigado como una potencial amenaza para la Seguridad Nacional, lo que propició su detención en los diferentes puntos de la geografía nacional donde se hallaban en dicho momento.
En esta operación, se ha contado con el despliegue de una Oficina Móvil de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, Europol, que in situ y sobre el terreno ha colaborado en el análisis y valoración de los hallazgos realizados durante la fase de explotación policial, especialmente en el ámbito de las vinculaciones a nivel internacional.
Tras el periodo de custodia policial, así como después de analizar las evidencias incautadas, se puso a los detenidos a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó el ingreso en prisión de dos de ellos y la puesta en libertad provisional del tercero.
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