No cuentan como parados registrados, pero si lo hicieran, el número de desempleados que recoge el SEPE (2,47 millones de media mensual en el pasado ejercicio) se elevaría en un 10,8%. Es el mayor porcentaje de toda la serie histórica.

El Anuario de estadísticas que publica el ministerio que dirige Yolanda Díaz da una cifra mucho más elevada que la EPA, que solo cuenta 31.900 parados mayores de 65 años. Pero a la hora de analizar el dato hay que tener en cuenta el criterio que aplican tanto los servicios públicos autonómicos como el SEPE y el ministerio para su clasificación.

Trabajo denomina «jubilados y pensionistas» a los «demandantes que son pensionistas de jubilación, de gran invalidez o de invalidez absoluta y demandantes de edad igual o superior a 65 años». Es decir, no solo a jubilados que quieren volver a la actividad, sino también a personas que superan la edad legal de retiro previa a la reforma que entró en vigor en 2013 y a otros desempleados con un alto grado de discapacidad reconocida y que perciben una ayuda de la Seguridad Social. Si estos se inscriben como demandantes de empleo es porque es la vía para acceder a un contrato (indefinido o temporal) bonificado y a ayudas a Centros Especiales de Empleo (aunque dejan de recibir la pensión).

Pero el número de contratos de fomento del empleo de este tipo se ha mantenido prácticamente estático desde los niveles previos a la reforma laboral (aunque hay un trasvase de los temporales a los indefinidos) en una media de unos 35.000. Además, no todos los beneficiarios eran perceptores de una pensión, con lo cual es difícil achacar a este colectivo en concreto el incremento de la partida de «jubilados y pensionistas» inscritos como demandantes de empleo.

Más extraño parece que la EPA cuente muchos menos parados de más de 65 años que los demandantes de empleo inscritos en las oficinas públicas, aunque esto puede explicarse porque los pensionistas de jubilación suelen aparecer como inactivos en la estadística del INE, aunque estén dispuestos a trabajar. En el caso de los datos que publica Trabajo puede que ocurra lo contrario: muchos demandantes que no han alcanzado la edad de jubilación legal ordinaria (a los 66 años y 10 meses) son excluidos automáticamente.

Pero existe una tercera explicación que afecta a los jubilados propiamente dichos. Y es que, a pesar del incremento de las nóminas de pensiones, el endurecimiento de los coeficientes reductores para jubilación anticipada hace que algunos jubilados necesiten un empleo para complementar su pensión. En este caso entra en juego la jubilación flexible. Conviene distinguir esta modalidad de las de la jubilación activa o parcial, que consisten en demorar el retiro y compatibilizar la pensión con el empleo que ya se tiene. En este caso, hablamos de una persona que ya se ha retirado y quiere volver a la actividad de manera parcial.

Peso potencial sobre el desempleo

La reforma de la jubilación flexible busca incentivar el acceso a esta modalidad permitiendo que sea compatible con un trabajo por cuenta propia o eliminando el plazo de un año desde el retiro exigido hasta ahora antes de poder buscar empleo. Pero el problema también es encontrarlo.

Un análisis de la serie histórica de los datos de Trabajo muestra que los jubilados y pensionistas inscritos como demandantes de empleo han tenido tres fases claras en su evolución. En la primera, antes del estallido de la gran recesión, su presencia era muy reducida. A partir de 2008 crece con intensidad, en línea con la destrucción de empleo y la crisis económica. Muchos jubilados anticipados tras un despido se veían obligados a buscar opciones para acceder a un empleo.

Sin embargo, aunque la cifra en términos absolutos subió, su peso potencial sobre el desempleo se mantuvo estable en el entorno del 3%. Por «peso sobre el desempleo» nos referimos al porcentaje adicional que añadirían al paro registrado si estos demandantes se contaran como tales. Ni los jubilados y pensionistas ni los mayores de 65 años inscritos como demandantes de empleo se consideran como desempleados en virtud de una orden de 1985. Pero esta tasa permite poner en contexto las cifras absolutas.

Así, se aprecia que la situación cambia a partir de 2015: el paro baja, pero los jubilados apuntados al paro no se reducen, lo que elba la tasa. Y a partir de 2018 la tendencia se acelera: el colectivo sub en cifras absolutas yen peso relativo sobre el desempleo.

En 2020 y 2021 se disparan hasta cifras de 234.000 y 289.000 demandantes de media al mes, algo que se puede explicar por las dificultades de muchos jubilados para encontrar trabajos, pero también que las de las personas con discapacidad. Sin embargo, la tasa adicional sobre el paro solo llegó al 8,1%. Tras una corrección en 2022, las cifras volvieron a subir. De hecho, el dato de 2025 es el segundo más alto de la serie histórica en cifras absolutas, pero es un récord en términos de tasa. Como decíamos al principio, los 2,47 millones de parados hubieran aumentado prácticamente un 11%.

Las estadísticas de Trabajo adolecen de sus propias limitaciones, como hemos contado en elEconomista.es, pero confirman que el escaso éxito de la jubilación flexible no es solo por desinterés de los posibles beneficiarios, sino por dificultades para acceder a un empleo. Por si esto fuera poco, al no contar como parados, estos jubilados y mayores de 65 años no se benefician con la misma intensidad de las políticas activas.

Un bucle que puede frustrar los planes del Gobierno para sacar a los pensionistas que lo deseen del retiro. A fin de cuentas, quizá no es solo una cuestión de incentivos sino también de desánimo de quienes se jubilan porque no tienen expectativas de volver a trabajar.