Frente Amplio promete subir las pensiones a más de 55.000 onubenses

Rebeca Martín, candidata de Frente Amplio Andaluz al Congreso por Huelva

La candidata de Frente Amplio Andaluz al Congreso de los Diputados por Huelva, Rebeca Martín, ha defendido la necesidad de seguir aumentando las pensiones y ha anunciado el «compromiso» de su formación de elevar la pensión mínima hasta los 1.300 euros mensuales, equiparándola al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Una propuesta con la que la coalición pretende «garantizar una jubilación digna y mejorar las condiciones de vida de miles de pensionistas de la provincia de Huelva».

«Las pensiones tienen que seguir subiendo. No puede ser que una persona pensionista cobre menos de 1.000 euros al mes después de toda una vida trabajando. Desde Frente Amplio nos comprometemos a subir la pensión mínima hasta los 1.300 euros y equipararla al salario mínimo», ha manifestado Martín, quien ha insistido en que las próximas elecciones generales del 29 de noviembre deben servir para seguir ampliando los derechos sociales.

La cabeza de lista de Frente Amplio Andaluz por Huelva ha puesto el acento en la situación de los pensionistas onubenses, señalando que «más del 56% de las personas pensionistas de nuestra provincia cobra menos de 1.300 euros mensuales», un total de 55.000 onubeses de las que más de 38.000 son mujeres, una realidad que, a su juicio, «demuestra que las actuales cuantías resultan insuficientes para afrontar el coste de la vida».

«Estamos hablando de personas que han trabajado durante décadas, que han levantado nuestra provincia y que ahora tienen que hacer auténticos esfuerzos para llegar a final de mes. No podemos permitir que quienes han contribuido durante toda su vida al bienestar colectivo tengan que elegir entre pagar la luz, comprar medicamentos o llenar la cesta de la compra», ha denunciado.

Jubilación a los 65 años y pensiones públicas blindadas

La propuesta defendida por Rebeca Martín forma parte del programa electoral de Frente Amplio para las elecciones generales del 29N, que contempla establecer una pensión mínima garantizada equivalente al SMI, tanto para las prestaciones contributivas como para las no contributivas.

La coalición también plantea recuperar la edad ordinaria de jubilación a los 65 años, frente al retraso progresivo de la edad de retiro establecido por la reforma de 2011. Asimismo, propone facilitar la jubilación a los 60 años en profesiones especialmente «penosas», como la construcción, la limpieza, la ayuda a domicilio, las camareras de piso o la pesca, un sector de especial relevancia para la economía de la provincia de Huelva.

Otra de las medidas centrales del programa consiste en blindar constitucionalmente el carácter público de las pensiones, su revalorización automática conforme al IPC y la garantía de que ninguna prestación quede por debajo del salario mínimo, evitando además cualquier intento de privatización de su gestión.

Combatir la brecha de género en las pensiones

La candidata también ha destacado que la mejora de las pensiones constituye una cuestión de justicia social y de igualdad entre mujeres y hombres, ya que «son las mujeres quienes soportan en mayor medida las consecuencias de las carreras laborales interrumpidas, los empleos precarios y los años dedicados a los cuidados familiares».

En España, según los datos difundidos por Frente Amplio, dos de cada tres mujeres pensionistas perciben menos de 1.000 euros mensuales, una situación que la coalición pretende combatir mediante incrementos superiores a la media para las pensiones más bajas y las no contributivas, así como con el reconocimiento de los periodos dedicados a los cuidados.

«No podemos hablar de igualdad mientras tantas mujeres que han trabajado dentro y fuera de sus casas llegan a la jubilación con pensiones que no les permiten vivir dignamente. Subir las pensiones mínimas es también una medida feminista y de reparación de una injusticia histórica», ha defendido Martín.

Frente Amplio plantea financiar estas mejoras mediante una fiscalidad más progresiva, una mayor contribución de las grandes fortunas y empresas, la elevación progresiva de las bases máximas de cotización y el refuerzo de los mecanismos de financiación de la Seguridad Social.

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