FACUA Andalucía considera escandaloso que la Consejería de Salud ocultase que había denunciado a iDental ante la Fiscalía por delitos de estafa y contra la salud pública como consecuencia de la gravedad de las irregularidades detectadas por la inspección sanitaria. La federación de consumidores lamenta la gravísima irresponsabilidad de las autoridades sanitarias al no dar a conocer a los usuarios las anomalías detectadas en las clínicas, con lo que favoreció que aumentasen las víctimas.
Para FACUA Andalucía, este nuevo ejemplo de la opacidad de la Consejería competente en salud y consumo pone de manifiesto que en lugar de defender los intereses de los consumidores ante los fraudes, la Junta está protegiendo a los defraudadores, ocultando las irregularidades que detecta e imponiendo un reducido número de multas cuya cuantía es, además, absolutamente ridícula. La federación reclama una vez más a Álvarez que ponga fin a esta negligente falta de transparencia y con la que no hace más que defender los intereses de las empresas que defraudan.
En respuesta a una pregunta del grupo parlamentario Popular sobre las inspecciones en iDental, la consejera de Salud, Marina Álvarez, ha contestado que la inspección de servicios sanitarios realizó «145 actuaciones inspectoras», de las que la inmensa mayoría -112- fueron consecuencia de denuncias de usuarios y colegios profesionales. Las citadas actuaciones incluyeron «multiples visitas, reuniones con peritos y denunciantes, con la industria, ayuntamientos y por supuesto también con los colegios profesionales». Ninguna reunión, critica FACUA Andalucía, con las organizaciones que representan los intereses de los consumidores.
la Consejería denunció a iDental ante las fiscalías de Sevilla y Córdoba al apreciar en sus actuaciones inspectoras la posible existencia de infracciones penales, como «delito contra la salud pública».
Álvarez ha indicado que «en aquellos casos en los que se desprendiera que pudiera haber irregularidades detectadas que pudieran ser constitutivas de infracción penal» –«delito de estafa», ha concretado- «o un delito contra la salud pública se ha puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal para su valoración». Comunicaciones que se produjeron a las fiscalías de Sevilla y Córdoba desde la inspección sanitaria en febrero de este año, según ha indicado la consejera. delito de estafa
«Por supuesto que no hemos ocultado nada», ha asegurado Álvarez ante la acusación del parlamentario popular Jaime Raynaud de haber ocultado las irregularidades detectadas y las multas impuestas a iDental, tal y como denunció FACUA hace unos días. La consejera ha afirmado que «no se puede hacer pública ninguna sanción hasta que es firme». Sin embargo, la federación de consumidores recuerda que no hay ninguna ley que prohíba a la Junta dar a conocer las irregularidades detectadas en una empresa para evitar que los consumidores sean víctimas de ellas.
Además, la federación recuerda que en 2017 la Dirección General de Consumo -dependiente de Salud- ocultó que había dictado una resolución sancionadora de carácter firme contra iDental por la que le impuso una multa de 100.000 euros. Sanción que no ha se ha conocido hasta que FACUA ha forzado que trascienda públicamente el listado de resoluciones sancionadoras firmes de los tres últimos años al reclamar la informacíon a través del Portal de Transparencia.
Casi 3.000 afectados se han unido a FACUA
Cerca de 3.000 víctimas de las irregularidades y el cierre de iDental se han sumado ya a la plataforma de afectados creada por FACUA a nivel estatal. De ellos, 1.072 residen en Andalucía: 76 son usuarios de Almería, 142 de Cádiz, 138 de Córdoba, 79 de Granada, 15 de Huelva, 12 de Jaén, 183 de Málaga y 427 de Sevilla.
La consejera de Salud desvela en el Parlamento que las inspecciones detectaron la existencia de posibles delitos de estafa y contra la salud pública en Sevilla y Córdoba
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