El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Huelva ha admitido a trámite el Recurso del portavoz UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, interpuesto contra el acuerdo de pleno de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva de fecha 31 de octubre de 2022 por el que se desestima la solicitud de revisión de oficio de los acuerdos que fijaban la asignación de los Grupos Políticos de dicha entidad.
Así consta en la Resolución judicial de 7 de diciembre de 2021.
Igualmente el Juez acuerda “requerir a MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA para que en el plazo de VEINTE DIAS remita a este órgano judicial el expediente administrativo completo o bien copia autentificada del mismo, así como para que notifique la resolución que ordene la remisión del expediente a todos los interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer ante este Juzgado en el plazo de nueve días con los apercibimientos del art. 48 LRJCA”. “
Como se recordará, La Delegación territorial de Turismo Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, consideró ilegal que se conceda una asignación a «grupos políticos con representación en el Pleno de la Mancomunidad», cuando ésta fue suprimida «expresamente» de sus estatutos en el año 2016 , «al no ser acorde con la normativa estatal ni autonómica vigente sobre la materia». La MAS «no es una corporación local» al uso, como un ayuntamiento, sino una «entidad local de cooperación territorial», aclara. La Junta pone de manifiesto que su misión es «la prestación de un servicio de competencia municipal y de cuyos órganos representativos no deben formar parte los grupos políticos, sino sólo los representantes de los municipios mancomunados». La Delegación Territorial de la Junta respondía así a una denuncia presentada por el grupo independiente Unidos por Punta Umbría (UPU) ante la Administración autonómica y la propia mancomunidad. En su escrito de denuncia, el grupo municipal que lidera José Carlos Hernández Cansino argumentaba que la constitución de grupos políticos, a la que alude un acuerdo del pleno de la mancomunidad celebrado el 29 de julio de 2019, «es un pretexto» para «poder enmascarar asignaciones económicas bajo la excusa de la asimilación al régimen de las diputaciones o los municipios de los grupos políticos». Lo hace, prosigue su escrito, «sin amparo estatutario, para enmascarar una financiación ilegal o encubierta de los partidos políticos que representan».
El Pleno celebrado el pasado 31 de octubre, rechazó el requerimiento de la Junta así como la nulidad de los acuerdos aprobando las asignaciones instada por UPU, formación que recurrió el citado acuerdo, recurso que ahora se admite a tráimte.
El Portavoz de UPU recordó que “ las asignaciones dadas a los distintos Grupos Políticos, según han publicado distintos medios de información», se han empleado en «actos de campaña electoral de los partidos sin control de las limitaciones sobre gastos electorales y sin fiscalización del Tribunal de Cuentas».
Las asignaciones que abona la MAS a los Grupos políticos ascienden a 600.000 € anuales que se abonan con cargo al recibo del agua que pagan los ciudadanos, de los cuales el PSOE, recibe 263.900 euros anualmente . El PP, obtiene una asignación anual de 91.000 euros; Adelante Andalucía, 33.600 euros; IU, 4.900 euros; Independientes por Huelva, 20.300 euros y Ciudadanos que le correspondían 28.000 euros pero que ha renunciado al cobro de dicha asignación.
“Estamos convencidos que la Justicia terminará anulando tales asignaciones que gravan el recibo del agua que pagamos los ciudadanos, y los partido políticos tendrán que devolverlas” concluyó Hernández Cansino.
El pleno del 31 de octubre de la MAS rechazó el requerimiento de la Junta instándole a anular las asignaciones a los grupos políticos, así como su nulidad instada por UPU
Tanto la Junta de Andalucía como UPU consideran ilegales dichas asignaciones por vulnerar los estatutos y la Ley de Autonomía Local
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